- El consejero de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Fernando Bañolas, denuncia que el Cabildo contrató a una empresa externa la redacción del Reglamento con un coste de 8.560 euros que “llega tarde y mal”
- El portavoz de Coalición Canaria denuncia que Antonio Morales, “impide con este Proyecto de Reglamento la posibilidad de llevar a cabo los presupuestos participativos”.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2018.- El grupo político Coalición Canaria en el Cabildo insular, representado por el consejero Fernando Bañolas, ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, un texto “inviable” que rechazan porque “presenta notables defectos y omisiones que lo convierten en un texto desprovisto de garantías jurídicas”.
El documento, “cuenta con el informe negativo del órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular” y ha tenido un coste de 8.560 euros de las arcas del Cabildo de Gran Canaria, con un proyecto de redacción de tres años.
El Reglamento fue encargado a una empresa externa, “por una consejería que encabeza una tránsfuga” y que marca “la pauta de este grupo de Gobierno, más centrado en vender humo que en trabajar”, ha subrayado.
Tal y como ha recalcado el consejero, es “un documento imposible de llevar a la práctica”, con “irregularidades, contradicciones, incongruencias y carente de las garantías jurídicas necesarias”.
En él, “se omiten los mecanismos necesarios para hacer realidad los presupuestos participativos” que deberían de ser definidos de manera concertada “entre representantes públicos y sociales de la isla”.
Con este texto, ha apuntado, “el Cabildo de Gran Canaria pierde la oportunidad de afrontar importantes reformas en transparencia y buena gestión” ya que el texto “omite los principios éticos y de conducta necesarios para fomentar la participación ciudadana” en la entidad, “lejos de su objetivo de aumentar la transparencia en su actividad”.
Fernando Bañolas ha señalado que “sorprende la amplia y abultada enumeración de iniciativas, pero sin embargo se omite la fundamental que da título al propio precepto: “la consulta ciudadana”. Además, “no existe respaldo o mención al régimen jurídico al que se somete o ampara el elenco de iniciativas”.
Además, “incluye a las personas empadronadas en la Isla y a las entidades ciudadanas” y que es “a todas luces incorrecto” ya que “los ciudadanos no se empadronan en la isla de Gran Canaria, sino en sus municipios”.
También el grupo ha detectado fallos en los objetivos de “contribuir a la mejora de las competencias y capacidades municipales en el fortalecimiento de la participación local y la cultura participativa” ya que “choca con la autonomía municipal, y el derecho y la capacidad reconocida en la Constitución de gestionar sus propios intereses a los municipios”.
Otro punto que ha indicado Bañolas aborda “las consultas a la ciudadanía”, que continua con las imprecisiones y falta de garantías jurídicas”.
Del mismo modo, ha añadido, “otorga la posibilidad de que cualquier grupo político pueda promover una iniciativa popular, sometiéndose en última Instancia al Pleno de la Corporación para su aprobación” lo que a priori “parece que desnaturaliza las facultades propias de los Grupos Políticos otros que no tienen dicha representación”.
El documento, “admite iniciativas “secretas”, una cuestión que “resulta totalmente inadmisible” ya que “en cualquier tipo de iniciativa ciudadana los proponentes deben identificarse”.
Por todo lo anteriormente expuesto, entre otras cuestiones, “se pone de manifiesto una deficiente articulación del Proyecto de Reglamento”, que ha sido rechazado por el grupo.
