El Gobierno de Canarias impulsa la reforma de las leyes que regulan el turismo en las islas
- Se trata de la Ley 7/1995 de ordenación del turismo de Canarias y la 2/2013 de renovación y modernización turística, que van indefectiblemente unidas
- La futura norma abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica
El Consejo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, ha tomado este lunes en consideración la iniciativa para modificar las leyes que regulan la actividad turística en las islas, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que van indefectiblemente unidas.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que “el objetivo es establecer un marco normativo completo y actualizado, que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio insular y el bienestar de los residentes". La regulación tendrá que ser compatible con la realidad actual, además de incorporar o cambiar aspectos ya aprobados en la normativa estatal y autonómica, eliminando o corrigiendo las rigideces innecesarias y aquellas determinadas por el Tribunal Constitucional.
En este sentido, la titular de Turismo apunta que “como consecuencia de la reforma de la Ley 7/1995 se producirán cambios sustanciales en la Ley 2/2013 porque ambos textos regulan aspectos comunes, de ahí que hayamos decidido actualizarlas para acercarlas a los ciudadanos y profesionales, además de simplificar las normas que regulan la actividad turística en las islas”.
De esta manera, la nueva ley abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica. “El texto incorporará medidas para evitar o paliar los efectos de la problemática por la falta de vivienda para residencia habitual en las zonas turísticas atendiendo a las necesidades habitacionales de la población”, destaca De León.
Precisamente, esta situación motivó la aprobación el pasado mes de marzo del Decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico por el que se modifica la ley 2/2013 que anticipa algunas de las medidas más urgentes en el ámbito del uso del suelo y la reconversión de ciertos establecimientos de uso turístico con el fin de mitigar la situación habitacional y ofrecer seguridad jurídica a las personas afectadas por residir en zonas turísticas.
Además, a través de la futura norma deberá afrontarse el estatuto de municipios de gran afluencia turística y diferenciarlo de aquellos que, formando parte del destino Islas Canarias, no soportan los mismos niveles de prestación de servicios públicos ni de presión sobre el territorio. En este caso, deberán tener un protagonismo distinto en las políticas de infraestructuras y servicios prestados.
También prevé incorporar aspectos relativos a la renovación y modernización de zonas turísticas degradadas, atendiendo a estándares más exigentes del planeamiento y la edificación, en consonancia con las modificaciones del marco normativo europeo, estatal y autonómico.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa “cumplimos con la agenda que nos marcamos al inicio de la legislatura, la de renovar el bloque normativo de la actividad turística, que fijaba cuatro hitos legislativos, entre los que se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regula el alquiler vacacional, la modificación del decreto para desarrollar actividades de Turismo Activo, el primer reglamento para ordenar la modalidad de campings y acampadas y la reforma de la Ley 7/1995 y de la 2/2013”, concluye la consejera.
El Gobierno aprueba el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas
- Los ayuntamientos podrán conceder licencias de construcción con plenas garantías jurídicas en menos de seis meses
- Este decreto contempla la figura de la vivienda asequible incentivada, enfocada en beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas, y que convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en desarrollarla
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente destinada a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de vivienda en las islas.
La nueva normativa ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y trabajada por ambos departamentos junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.
Este decreto introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.
Estos podrán ser encargados por el ayuntamiento o aportado por el promotor en la solicitud de licencia, en cuyo caso asumirá el costo del mismo, que no podrá exceder el valor de la tasa urbanística del proyecto. Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.
El objetivo es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad. Esta norma supone un paso decisivo para agilizar la gestión pública, reactivar la economía y responder con eficacia al reto de la emergencia habitacional que atraviesan las islas.
Además, el Gobierno prevé incentivar la aplicación de este nuevo decreto-ley con medidas específicas de apoyo para los municipios de reto demográfico, que se pondrán en marcha en las próximas semanas con la entrada en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.
Compromiso con la emergencia habitacional
El Decreto-Ley también complementa las medidas adoptadas en febrero de 2024, con la aprobación del Decreto-Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, incorporando ahora nuevas herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas, la reutilización de suelos terciarios para uso residencial y la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados por completo, entre otros. Asimismo, se regula, por primera vez, el procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar las medidas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).
En el caso de la figura de la vivienda asequible incentivada, cuyo desarrollo convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en aplicarla, los promotores que participen en este programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones, con el objetivo último de beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas.
La norma, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a la necesidad urgente de garantizar que los procedimientos urbanísticos se resuelvan en plazos razonables, evitando demoras que afectan tanto a los derechos de la ciudadanía como a la actividad económica. Al reducir la burocracia y fomentar la construcción de viviendas asequibles, se están dando pasos hacia un futuro donde más ciudadanos puedan acceder a un hogar digno.
Aprobado el nuevo decreto que agilizará la tramitación de la dependencia en Canarias
- La nueva regulación establece un único procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 21 de abril el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias y acuerda solicitar al Consejo Consultivo de Canarias.
El decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.
En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.
“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.
Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.
La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas y las familias de dependientes.
Todo listo para activar la tarjeta acreditativa de discapacidad que beneficiará a 137.000 personas
- El Gobierno aprueba el decreto que regula el uso de este documento, que facilitará el acceso a los derechos de las personas con discapacidad de manera más sencilla y ágil
El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo este lunes 21 de abril, ha acordado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la aprobación del decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención. La previsión de la Consejería es que este nuevo documento acreditativo beneficie inicialmente a unas 137.000 personas.
Según se expone en el texto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, podrán obtenerla las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de dotarles de un instrumento útil no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, sino también facilitar el acceso a los derechos de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.
La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución de su grado.
Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Bienestar Social destinará 38 millones de euros a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria
- El Gobierno de Canarias ha aprobado la autorización del gasto destinado a los ayuntamientos para la financiación de los programas de atención a los servicios sociales
El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado la realización del gasto, con cargo a la anualidad 2025, que conlleva las aportaciones dinerarias a favor de los ayuntamientos canarios para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, en las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación a suscribir entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), por importe 38.094.742 euros
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a iniciativa de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación, a efectos de que los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria con cargo a la anualidad 2025, todo ello en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas Sociales.
A través de estos fondos, se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.
Canarias da respuesta a las universidades públicas con un nuevo acuerdo de compatibilidad para el profesorado
- La medida permitirá reforzar la docencia en todo el sistema universitario canario y agilizar la cobertura de necesidades docentes puntuales, como en las Escuelas de Enfermería de Lanzarote y La Palma
El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo que establece nuevas directrices para facilitar la contratación de profesorado sustituto a tiempo parcial en las universidades públicas canarias, con el objetivo de garantizar la cobertura docente en situaciones sobrevenidas y fortalecer el funcionamiento del sistema universitario en su conjunto, dando respuesta así a la petición de las instituciones académicas.
El acuerdo establece que esta figura contractual se asimila, a efectos de compatibilidad, al profesorado universitario asociado, lo que permitirá que personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma pueda compatibilizar determinadas funciones con tareas docentes a tiempo parcial. Esta posibilidad se aplicará caso por caso, respetando siempre el régimen vigente de incompatibilidades y sin modificar su marco legal.
La medida beneficiará al conjunto de las universidades públicas del archipiélago y permitirá atender con mayor agilidad las necesidades de profesorado, especialmente cuando se producen bajas o situaciones que requieren una respuesta inmediata. Tendrá, además, una incidencia especialmente positiva en centros donde las alternativas son más limitadas, como las Escuelas de Enfermería de Lanzarote y La Palma.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha explicado que “se trata de una medida útil y necesaria para dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades docentes, sin comprometer la calidad de la formación que ofrecemos en Canarias”.
“Este acuerdo pone a disposición de nuestras universidades una herramienta flexible para garantizar que las sustituciones se hagan con rapidez y rigor, algo fundamental para que el curso académico se desarrolle con normalidad en todas las islas, añadió.
Esta iniciativa ha contado con el respaldo técnico de los órganos responsables en materia de función pública, sanidad y calidad universitaria, y será trasladado a las áreas competentes para su aplicación.
El Gobierno de Canarias remite al Parlamento el proyecto de Ley para delimitar el asentamiento rural de Cofete
- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas propone su tramitación en lectura única para agilizar el procedimiento
- Manuel Miranda asegura que se dará seguridad jurídica a los vecinos hasta que el Cabildo apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de delimitación gráfica del asentamiento rural preexistente de Cofete, y acordó su remisión al Parlamento de Canarias con la propuesta de tramitación en lectura única. El expediente ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, como solución transitoria para aportar seguridad jurídica a este tradicional núcleo de población, hasta que el Cabildo Insular de Fuerteventura apruebe el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que el debate de esta ley en lectura única “simplificaría considerablemente su tramitación con el objetivo de que esté vigente antes del verano”. Miranda ha señalado de que el documento da respuesta a un compromiso con los vecinos de este caserío que, con más de doscientos años de historia, quedó fuera de ordenación tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013.
Como se recordará, la Ley 6/2009 de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoció como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.
El Proyecto de Ley de delimitación gráfica de Cofete tiene como base la cartografía y ortofotos de 1994, año en el que el entorno se declaró Espacio Natural Protegido y se garantizó la compatibilidad de las edificaciones preexistentes. Esta normativa, que ha sido elaborada con el consenso del Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios, formará parte del futuro Plan Rector de Usos y Gestión que será aprobado por la corporación insular y recogerá de manera definitiva la delimitación del espacio y garantizará el equilibrio entre los intereses vecinales y la protección del medio natural.
La tramitación de la Ley en lectura única se aplica a aquellos textos cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permita, acorta los plazos de su tramitación, tal y como establece el artículo 153 del Reglamento del Parlamento. Esto se consigue mediante la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y la omisión de los debates en ponencia y en comisión. Así, la iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el Pleno de la Cámara.
