Por un importe de 5.134.870 € que se distribuirán entre los ayuntamientos canarios conforme al protocolo de acuerdo marco firmado entre la Fecam y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

 El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el gasto destinado a subvencionar a los municipios canarios para dar continuidad a los equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y servicios de día por un importe de 5.134.870 € conforme a la distribución incluida en el protocolo de acuerdo marco firmado entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios.

Según la actual Ley de protección integral del menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

En la atención integral a los menores, tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo, así como las graves carencias que menoscaben su desarrollo. Las administraciones públicas deberán velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.

Las Administraciones Públicas Canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido en la Ley, se determinen en los planes y programas de servicios sociales y, específicamente, en aquellos que tengan por objeto la atención integral a los menores

Como recurso preventivo prioritario se establecerán programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores