Coalición Canaria considera que la resolución del abogado general de la Unión Europa obliga al Ejecutivo central a mover ficha 

La diputada nacionalista recuerda que los empleados públicos que encadenan contratos temporales sin estabilidad ni compensaciones siguen esperando que el Gobierno de España actúe

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita dirigida al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública en la que solicita conocer las “medidas y cambios legislativos que va a adoptar el Gobierno de España para adecuar el marco laboral y de la función pública a las exigencias del Derecho de la Unión Europea sobre sanciones al abuso de la temporalidad en el sector público”.

A través de esta iniciativa parlamentaria, Coalición Canaria quiere saber cómo el Gobierno piensa dar respuesta a los trabajadores públicos temporales que encadenan contratos durante años sin estabilidad ni compensaciones adecuadas. La Unión Europea exige sanciones reales y reparaciones efectivas frente a este abuso, por lo que la formación nacionalista considera necesario adaptar la legislación para proteger de manera justa a las personas afectadas.

En su pregunta escrita, Valido se hace eco de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que impide hacer fijos a los trabajadores temporales mediante la figura del indefinido no fijo, solo es válida si existen medidas alternativas para sancionar y prevenir el abuso de contratos temporales sucesivos. Como actualmente esas medidas no existen, la doctrina del Supremo no cumpliría con la Directiva europea.

Coalición Canaria subraya que la expresión “a condición de que”, utilizada en la jurisprudencia europea, deja claro que sin sanciones efectivas, el Estado debe reconocer la fijeza de los trabajadores que han sufrido abuso. Además, las indemnizaciones actuales no pueden ser simbólicas ni limitadas: deben reparar íntegramente el perjuicio, teniendo en cuenta la gravedad y duración del abuso.

Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma este criterio, el Tribunal Supremo deberá reconocer la fijeza a los empleados públicos temporales mientras no existan medidas legislativas que garanticen sanciones equivalentes. Si el legislador opta por otra alternativa, solo caben indemnizaciones completas y sanciones efectivas a las administraciones. Incluso la fijeza, por sí sola, podría no ser suficiente para reparar el daño.

Por ello, al reclamar una actualización del marco laboral y de la función pública, Valido pide al Gobierno que impulse una reforma con sanciones realmente disuasorias y reparadoras, que aseguren una “reparación efectiva mediante la fijeza” o, en su caso, “indemnizaciones suficientes”.