• El Ejecutivo propone cómo se deben mantener las políticas específicas de cohesión, de agricultura y pesca, así como la atención del fenómeno migratorio y el refuerzo de la ultraperiferia en la acción exterior de la UE
• Las dotaciones singularizadas no constituyen un privilegio sino una condición necesaria para garantizar un desarrollo equilibrado y justo del conjunto de la Unión.

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la Comunicación que elevará el Parlamento de Canarias sobre los objetivos y prioridades que considera imprescindibles incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener el estatus de Región Ultraperiférica junto a la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martin, Azores y Madeira.

En la propuesta financiera de la Comisión Europea no se garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que, las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas, se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral entre el Estado miembros y la Comisión Europea, lo que no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento

Para el Gobierno, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y como ya comentó el presidente Fernando Clavijo “supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE”.

Por ello, el Ejecutivo plantea en este documento duplicar la dotación financiera del POSEI con objetivo de tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde hace casi dos décadas, lo que supondrían 3.752 millones de euros

Incrementar la partida que compensa los incrementos de los sobrecostes producidos en el sector pesquero de 88 millones de euros a 101 millones de euros.

Se solicita que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que la cantidad destinada por habitante aumente, teniendo en cuenta los datos de población actualizados, que se cuantificarían en, al menos, 773 millones de euros.

Que las adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en un contexto ultraperiférico deben mantenerse expresamente en la normativa europea y no quedar al albur de la programación de los estados.

Que el nuevo marco financiero, que se orienta a la consecución de hitos y objetivos, incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan acomodar instrumentos cuya finalidad principal sea la compensación de sobrecostes estructurales.

Propone mejorar las disposiciones específicas relativas a la RUP incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional

Reiteramos además la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas particularmente en lo que respeta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial.

Canarias abre la negociación con el Estado para la cogestión de los aeropuertos y el control de los incentivos fiscales del REF

• El presidente Clavijo solicita al ministro Torres el inicio del proceso bilateral para avanzar en la cogestión de los aeropuertos al amparo del cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía
• El Gobierno regional también reclama al Ejecutivo central la cesión “parcial o total” del control tributario sobre la RIC, la ZEC y las deducciones por inversiones en sectores estratégicos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente al Estado la apertura de un proceso de negociación bilateral sobre dos asuntos prioritarios para el Gobierno autonómico: la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos fiscales contemplados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

En ambos casos, el jefe del Ejecutivo canario sustenta su solicitud en lo recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018, ley del máximo rango que permite a Canarias avanzar en su autogobierno y cuyo desarrollo debe ser negociado con el Estado.

Así, en su artículo 161, el Estatuto recoge el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, algo que el Gobierno autonómico quiere hacer participando en la toma de decisiones de Aena o con otras fórmulas que podrían ponerse sobre la mesa. En concreto, dicho artículo indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

En una carta remitida este lunes por el presidente de Canarias al ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo reclama que “acordemos la apertura de un proceso de negociación bilateral con el fin de analizar y, en su caso, concretar la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones señaladas en dicho precepto, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en esta materia”.

Con esta petición formal, el Ejecutivo de Canarias abre el camino de la negociación con el Estado para participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago, algo “fundamental para defender el derecho de los canarios a contar con una buena conectividad aérea”, según explicó el portavoz Alfonso Cabello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Si hay alguna comunidad autónoma que debe tener voz y voto en la toma de decisiones de Aena es Canarias”, subrayó

En cuanto al control tributario de los incentivos fiscales del REF, una segunda carta de Clavijo a Torres solicita la petición de apertura de negociaciones para la cesión de esta competencia a Canarias en base a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía. Dicha disposición prevé expresamente mecanismos de colaboración, cooperación y, en su caso, gestión consorcial entre la Administración tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

Propuesta del comisionado

La propuesta elaborada por el Comisionado del REF, José Ramón Barrera, defiende que el control tributario por parte del Gobierno de Canarias de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal “permitiría avanzar hacia un modelo de gestión más próximo y eficiente, amparado por el Estatuto de Autonomía de Canarias, alineado con precedentes ya existentes en el ordenamiento español, y compatible con la unidad del sistema tributario, el respeto al marco constitucional y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea”.

La carta remitida por el presidente canario al ministro Torres especifica que el proceso de traspaso del control tributario de los incentivos del REF “se iniciaría en coherencia con el reconocimiento constitucional y estatutario de la singularidad económica y fiscal del archipiélago, así como con el principio de bilateralidad que ha presidido la configuración y evolución del REF, y con la habilitación expresa contenida en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la asunción, mediante acuerdo o convenio con el Estado, de funciones vinculadas a materias de competencia estatal”.

En concreto, el Ejecutivo canario reclama que, en el marco del citado proceso bilateral con el Estado, “se evaluaría de manera conjunta, técnica y jurídicamente ordenada, la atribución –total o parcial– de funciones de naturaleza gestora, interpretativa y de control asociadas a los incentivos fiscales del REF, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en materia de ordenación general del sistema tributario y de control de ayudas de Estado”.

El Gobierno de Canarios negociará asumir el control tributario de los principales incentivos fiscales del REF: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en Canarias, los incentivos propios de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos implantados en el archipiélago. Dicha competencia se entendería circunscrita a las fases de aplicación, seguimiento y verificación de los requisitos exigidos por la normativa vigente, “manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente”.

Asimismo, el Ejecutivo canario considera que debería debatirse la atribución a la Comunidad Autónoma de facultades para la emisión de criterios interpretativos y consultas tributarias vinculantes en relación con la aplicación de los beneficios fiscales del REF, la calificación de las inversiones y gastos susceptibles de acogerse a los mismos y la interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos.

Finalmente, el documento desarrollado por el comisionado del REF solicita al Estado tratar en la negociación la necesidad de “reforzar el papel de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de Régimen Económico y Fiscal como marco estable para la adopción de criterios interpretativos comunes, la resolución de discrepancias técnicas y la evaluación periódica del funcionamiento del sistema, asegurando una aplicación homogénea, previsible y adaptada a la realidad económica del archipiélago”.

En términos globales, el artículo 100 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la Comunidad Autónoma ejercerá las competencias que le sean transferidas o delegadas por el Estado, así como la posibilidad de ejercer actividades de inspección y sanción en materias de competencia estatal, en los términos que se determinen mediante convenio o acuerdo bilateral. El Gobierno considera que esta previsión estatutaria “configura un marco jurídico idóneo para abordar, desde la lealtad institucional y la cooperación administrativa, fórmulas de atribución funcional en el ámbito de la gestión tributaria de los incentivos fiscales del REF”.