• José Ramón Barrera defiende que a nivel autonómico “hay suficiente experiencia y conocimiento” para gestionar los incentivos fiscales del fuero 
• Pide al Estado concretar una hoja de ruta para analizar fórmulas previstas en el Estatuto, que ya se aplican con el IGIC y el Impuesto de Patrimonio

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), José Ramón Barrera, se ha mostrado confiado hoy en que Canarias asuma la gestión de sus incentivos fiscales y ha pedido al Estado que avance en su compromiso de abrir un proceso bilateral, en el que se puedan analizar las fórmulas de gestión compartida previstas en el Estatuto de Autonomía.

En respuesta a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que ha calificado de “inviable” el traspaso de competencias, Barrera defendió que “la Agencia Tributaria Canaria tiene experiencia y conocimiento suficientes” y señaló que negar esa capacidad “ignora precedentes exitosos como la transferencia de competencias en Sanidad, Educación o Servicios Sociales”.

El comisionado precisó que la propuesta remitida por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica el pasado 13 de enero no plantea sustituir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sino abrir un proceso técnico y ordenado para estudiar mecanismos de cooperación.

“La iniciativa canaria no altera la unidad del sistema tributario ni busca restar ingresos al Estado. Se trata de estudiar un marco de colaboración para que el REF responda a lo que nuestra región necesita con mayor rapidez y conocimiento de la realidad insular, y sea más útil para sus objetivos compensatorios”, añade el comisionado.

Sobre las críticas de los inspectores a su analogía entre los buenos resultados de la gestión autonómica del Impuesto General Indirecto (IGIC) y lo que se espera que suceda con los incentivos del fuero canario, Barrera mantienen que es “perfectamente válida” al tratarse de un tributo estatal cuya gestión, recaudación e inspección ejerce la comunidad autónoma con éxito, al igual que ocurre con otros impuestos como el de Patrimonio.

Asimismo, el comisionado señala ciertas dificultades detectadas en la gestión centralizada de los incentivos, como son los retrasos en la atención de las consultas de los contribuyentes; la excesiva demora para la devolución de los incentivos del cine, que desalienta a las productoras internacionales, o la aplicación de un criterio muy estricto que ha derivado en la negativa a considerar a las Agrupaciones de Interés Económico como productoras, lo que ha supuesto el traslado de numerosos proyectos a otras regiones.

“Canarias podría ofrecer mayor rapidez y una gestión ajustada a las necesidades del archipiélago”, recalca el comisionado, aunque no niega que existe una “dificultad técnica” para la delegación de los incentivos del REF sobre impuestos estatales, como el de sociedades.

En cuanto a las advertencias sobre posibles riesgos del traspaso de competencias para la seguridad jurídica y la continuidad del REF ante la UE, Barrera insiste en que el respeto a la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado es “esencial e incuestionable”. Recuerda que los actuales mecanismos de evaluación que ya se desarrollan con el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios Fiscales podrían mantenerse en cualquier escenario de gestión compartida.

“Cualquier avance en la gestión del REF debe mantener intactas las garantías de control, transparencia y coherencia con el derecho europeo. Ese es un principio compartido”, ha señalado.

Asimismo, ha puesto el acento en la importancia de reforzar la evaluación objetiva del impacto del régimen en la economía local y ha reiterado el profundo malestar que ha generado la encuesta que la Administración estatal ha puesto en marcha en las islas. Según detalla, “no han contado con Canarias, ni en su diseño ni en su ejecución y la metodología es cuestionable porque se pretende analizar variables como la creación de empleo vinculada a los incentivos fiscales o la inversión inducida, que son magnitudes cuantificables objetivamente, a partir de criterios valorativos”.

Actualmente, el acceso a determinados datos de las empresas que aplican incentivos del REF no es posible por las limitaciones que impone la Agencia Tributaria. Barrera ha señalado que avanzar en fórmulas que permitan el tratamiento estadístico anonimizado de esa información, con pleno respeto a la legalidad vigente, contribuiría a mejorar el análisis técnico del régimen.

“Si el objetivo común es reforzar la seguridad jurídica y garantizar la correcta aplicación del REF, debemos apostar por más datos, más coordinación institucional y un diálogo técnico constructivo”, ha concluido.