• La norma atiende los cambios que se han producido en la gestión patrimonial y que no son abordados en el texto de 1990

 El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la remisión al Consejo Económico y Social, que deberá emitir el perceptivo dictamen, el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Canarias, una norma que sustituirá a la actual, aprobada hace casi 30 años y que, por lo tanto, necesita de una adaptación.

El Ejecutivo empieza así la tramitación de un anteproyecto de ley que espera llegue al Parlamento para su aprobación en esta Legislatura, debido a la necesidad de contar con un texto actualizado.

El incremento de la producción documental, así como la heterogeneidad de los documentos producidos por las instituciones, las administraciones públicas canarias y los particulares; la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación; la aparición de nuevos modelos de gestión, con sistemas mixtos digitales y en papel; y el reconocimiento, a través de leyes como la de Transparencia, de una serie de derechos ciudadanos que inciden en la gestión del Patrimonio Documental y los archivos han configurado un nuevo escenario que demanda una nueva regulación adaptada y que atienda estas necesidades

Entre los objetivos marcados por el anteproyecto de ley se encuentran: el establecer un marco normativo actualizado que asegure la custodia, conservación, gestión, acceso, disfrute y difusión; unificar los procesos de gestión documental; y actualizar el Régimen jurídico del patrimonio documental de Canarias.

El texto define la responsabilidad de cada una de las administraciones canarias en este ámbito, coordina la acción de cada una de ellas bajo el respeto a sus competencias e implica en esas actuaciones a personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, titulares de documentos integrantes del Patrimonio Documental y de los archivos que la custodian.

Otra de las cuestiones más demandas y que incluye el anteproyecto es el Sistema Canario de Archivos, en el que participarán todas las administraciones. Además, se clarifican los derechos y deberes de los titulares del patrimonio documental, y de los archivos que lo custodian; y refuerza la labor de coordinación y de alta inspección de la comunidad autónoma en colaboración con las demás administraciones.