• Según el dictamen del Consejo Consultivo, la norma “se ajusta a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Canarias y al resto del ordenamiento jurídico”

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes definitivamente, una vez dictaminado por el Consejo Consultivo de Canarias, el Proyecto de Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma y su remisión al Parlamento para su tramitación. Su finalidad, una vez aprobado por la Cámara regional, es mejorar el funcionamiento de la actividad estadística en el Archipiélago.

El Proyecto de Ley “se ajusta a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Canarias y al resto del ordenamiento jurídico”, según el dictamen del Consejo Consultivo.

No obstante, formula tres tipos de observaciones parciales. La primera, de carácter procedimental, hace referencia a que debe completarse la valoración del impacto de género que figura en la Lista de Evaluación, al exigir el artículo 6.2 de la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que “todos los proyectos de ley… incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género”. A tal fin, la norma establece que en el proceso de tramitación “deberá emitirse por parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de genero del contenido de la Ley”.

En este sentido, ya en la Lista de Evaluación se afirma que el Proyecto de Ley carece de incidencia de género por lo que, según el Gobierno, carece de sentido analizar la adopción de medidas dirigidas a paliar las desigualdades, ya que son inexistentes.

Por otro lado, el dictamen del Consultivo reconoce la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para aprobar el Proyecto de Ley. No obstante, ante la reciente Reforma del Estatuto de Autonomía señala la necesidad de acomodar el texto al nuevo marco competencial en materia de estadística, así como referir en la Exposición de Motivos otros títulos competenciales habilitantes para promulgar la norma: organización administrativa, especialidades de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y protección de datos de carácter personal

Dicha observación se ha atendido en su totalidad, incorporando un nuevo párrafo en la Exposición de Motivos, modificando la referencia a la competencia en materia de estadística de la Reforma del Estatuto y adaptando la terminología del texto articulado a la nueva literalidad del Estatuto de Autonomía.

En cuanto al texto articulado, se han corregido todas las observaciones realizadas en el dictamen a varios artículos del Proyecto de Ley.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó que el proyecto legislativo supone una reelaboración general de la actual Ley. “Los años transcurridos desde la aprobación de la Ley en el año 1991 aconsejaban su revisión a la luz de la experiencia pero teniendo en cuenta también la aportación de las leyes territoriales de otras comunidades autónomas y las regulaciones en el ámbito europeo que desde entonces se han producido”, aclaró.

Dicha revisión afecta a las tres partes que, en síntesis, constituyen el objeto de la Ley: los principios y garantías de la actividad estadística y su adaptación al 'Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas', aprobado como instrumento autorregulador por la Comisión Europea; el modelo organizativo, que comprende tanto la parte orgánica propiamente dicha como los instrumentos de planificación estadística, y el régimen sancionador.

El Proyecto de Ley mantiene la centralización de la función estadística en el ámbito del Instituto Canario de Estadística (Istac). Tal régimen funcional y organizativo no es novedoso, sino que ya está implantado en la vigente Ley reguladora de la Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la modificación realizada en la misma por la Ley 9/2014, de 26 de noviembre.

Toma de decisiones

Para la titular de Hacienda, la tramitación de esta iniciativa legislativa se justifica dada la importancia que reviste la información estadística para el desarrollo de las diferentes políticas públicas, ya que permite conocer de manera adecuada la realidad social y económica de las Islas, "convirtiéndose en un requisito imprescindible para la correspondiente toma de decisiones, tanto para la Administración Pública como para la ciudadanía e instituciones de todo tipo".