El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, anunció este jueves en rueda de prensa la tramitación de un anteproyecto de Ley de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito que permitirá, una vez aprobado por el Ejecutivo y posteriormente por el Parlamento, incrementar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año en 340 millones de euros, la mayor ampliación presupuestaria de la historia de la Autonomía.

“Por su importe, se trata de una ley de crédito extraordinaria histórica, ya que hasta ahora nunca antes se había hecho una ampliación del presupuesto por una cantidad tan elevada”, aseguró Fernando Clavijo, que anunció que los recursos “irán a parar íntegramente a fortalecer los servicios públicos esenciales” de las Islas.

Así mismo, apuntó que esto viene a apuntalar “el compromiso del Gobierno de Canarias por fortalecer la Sanidad, Políticas Sociales y la Educación de los canarios” y recordó que “a pesar de que este año el Presupuesto de la CCAA ya registró el incremento más elevado en servicios públicos esenciales de los últimos 5 años, es fundamental, seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida de los canarios y en fortalecer el Estado del Bienestar”.

El presidente explicó que la ley de crédito extraordinario se financiará básicamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, en cuya disposición final decimosexta se determina la modificación de la ley orgánica que regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de 2009 para que los recursos del REF no computen a la hora de repartir los fondos entre las comunidades autónomas.

“De esta forma – dijo - Canarias podrá acceder en mejores condiciones al Fondo de Competitividad, uno de los mecanismos de reequilibrio del actual modelo y del que las Islas hasta ahora quedaban prácticamente fuera”.

A su juicio, “el acuerdo adoptado, plasmado en los PGE de 2017, supone un gran avance no sólo en términos económicos, sino también políticos, porque implica el reconocimiento del hecho diferencial canario de cara a una inminente negociación del nuevo sistema de financiación autonómica”.

Así, de los 340 millones del crédito extraordinario, 217 proceden de esta modificación normativa. Estos fondos, reiteró el presidente, se destinarán íntegramente “a actuaciones prioritarias en materia de sanidad, educación, servicios sociales y vivienda”, a excepción de una partida para incrementar el 1% las retribuciones de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

En concreto, Sanidad se llevará la mayor parte de los recursos, 155 millones, el 45,5% del total del crédito extraordinario; las políticas sociales, 95 millones, un 27,9%; y Educación, 48 millones, un 14,7%. Por otro lado, el incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos supondrá casi 40 millones de euros.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aclaró durante la comparecencia que la aprobación del crédito extraordinario no supondrá en ningún caso que se sobrepasen los límites de endeudamiento, déficit y regla de gasto establecidos.

“El objetivo del Gobierno con este crédito extraordinario no es otro que intentar revertir todo el potencial económico de las Islas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, con el fin de aumentar nuestro límite de gasto y así mejorar las condiciones de vida de los canarios”, concluyó la consejera.

4,5 de cada 10 euros para Sanidad

La aprobación de la Ley de Crédito Extraordinario supondrá un incremento del presupuesto para el presente ejercicio el área de Sanidad de 155 millones de euros que estarán dirigidos a incrementar la actividad y los objetivos asistenciales, así como, a reforzar los programas de reducción de listas de espera, a los que se destinará aproximadamente una tercera parte de los fondos procedentes de esta Ley de Crédito Extraordinario. El resto de fondos se distribuirá para hacer frente al gasto farmacéutico; al pago de medicamentos, implantes y servicios sanitarios y a implementar el plan de necesidades de los centros sanitarios del Archipiélago, concretamente, a la ejecución de obras y a la adquisición de equipamientos sanitarios y de investigación.

II Plan de  Infraestructuras  Sociosanitarias de Canarias, 4.000 nuevas plazas

La gran apuesta social de esta Ley de Crédito extraordinario se visibiliza en el impulso y puesta en marcha del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias para la atención a mayores dependientes.

Esta primera aportación permitiría el próximo cierre del acuerdo plurianual con los Cabildos para la construcción de casi 4.000 plazas nuevas en Canarias.

También se producirán incrementos en dependencia y PCI  para responder a nuevas altas en el sistema y a la ampliación de nuevos perfiles destinatarios con la modificación recientemente aprobada en Consejo de Gobierno y permitirá dar respuesta a las deudas pendientes en los programas de vivienda joven, usada, alquileres, entre otros. Así como, contempla una partida específica para Igualdad y la Lucha contra la Violencia de Género, que sera destinada entre otras medidas a planes de prevención y empleo para mujeres víctimas de la violencia machista.

Están son las cuatro grandes líneas que permitirán que estos fondos, que en el caso de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ascenderán a 95 millones de euros, lleguen directamente a la ciudadanía y que, además, reviertan en otros ámbitos. Tal es el caso del II Plan de Infraestructuras cuyas obras permitirán la generación de puestos de trabajo directos en un sector de gran importancia en Canarias como es el de la construcción.

Un impulso a la Ley Canaria de Educación no Universitaria

En materia educativa, la aprobación de esta Ley supondrá contar con recursos suficientes para avanzar en la puesta en marcha de los planes contenidos en la actual Ley Canaria de Educación no Universitaria, a los que destinaremos una gran parte de las partidas para esta materia, que asciende a 48 millones de euros.

El refuerzo de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, para la mejor atención al alumnado con Necesidades Específica de Apoyo Educativo o la mayor dotación de docentes de apoyo para mejorar las competencias lingüísticas y matemáticas en edades tempranas, a través del programa Impulsa son algunas de las medidas que pondrá en marcha en Gobierno canario, en el marco del plan de atención a la diversidad.

También se iniciarán las acciones del Plan de prevención de la violencia infanto-juvenil, con la incorporación de educadores sociales, que permitirán una atención más integral a los conflictos de convivencia, yendo incluso más allá de los centros escolares y coordinando esfuerzos con las familias y otras administraciones. Unos centros donde se prestará también atención a los servicios complementarios, con la puesta en práctica de un Plan de comedores que mejorará su gestión centralizada, así como los controles sanitarios y nutricionales de los menús.

Una parte de este nuevo crédito se destinará a tener docentes más preparados y con más herramientas para el desarrollo del Plan de Impulso a las Lenguas Extranjeras, de forma que impulsaremos las actividades de formación en países anglófonos incluidas en el PILE.

En otros aspectos, la Ley de Crédito Extraordinario va a mejorar sustancialmente el funcionamiento de los centros, tanto por la dotación informática que se podrá hacer, en un destacado impulso del Plan de Modernización Tecnológica de los centros educativos, como por la mejora de sus prestaciones, a través del Plan de infraestructuras educativas, que también recibirá una dotación adecuada.

Como no, las nuevas partidas para el equipamiento de los centros de Formación Profesional servirán para acelerar el desarrollo del Proyecto Enlaza, cuyo fin último es la reestructuración completa del concepto de FP, hacia un modelo más flexible, dinámico y coherente a la vez con las demandas del alumnado y del mercado laboral. Y, en el marco de la Educación Superior, el Ejecutivo autonómico empleará a través de la Consejería de Educación y Universidades las partidas económicas extraordinarias para la rebaja de los precios públicos de las universidades canarias y para una gestión más rápida de las becas universitarias, que permita a su vez acortar los plazos de pago.