• El borrador del nuevo reglamento contempla nuevas ayudas para el alquiler, la formación o la promoción de la salud, entre otras
• El límite económico para acceder a las prestaciones aumenta, lo que permitirá llegar a más hogares

Telde, 16 de abril de 2019.- La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y el concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, presentaron este martes el borrador de la nueva ordenanza de Prestaciones Económicas de Servicios Sociales, un documento que ha permanecido en exposición pública para que la ciudadanía, colectivos y organizaciones políticas que así lo desearan pudieran presentar sus propuestas.

La regidora municipal explica que con esta ordenanza se pretende dar respuesta a las situaciones de necesidad en condiciones de igualdad y calidad, de manera ordenada y efectiva a las personas que residen en el municipio, afrontando la realidad actual y proponiendo una nueva visión de los servicios sociales que huye del asistencialismo. La normativa actual data de 2012 y no da respuesta a la realidad social de Telde ni a la legislación vigente.

Así, detalló Diego Ojeda, el Gobierno local afrontó la tarea de redactar esta nueva ordenanza basada en el I Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Telde, elemento clave para la atención integral a la persona y las familias, y poder reforzar la autodeterminación y la potenciación de los propios recursos de la persona y los de su entorno familiar y comunitario.

Entre los cambios incorporados en el borrador de la nueva ordenanza se encuentra el hecho de que la referencia que se utilizará para los cálculos será el Salario Mínimo Interprofesional, una referencia que al actualizarse anualmente garantiza la actualización constante de los niveles de renta y las cantidades a percibir en cada prestación. Asimismo los porcentajes de cálculo para cada una de las prestaciones se han elevado para poder cubrir necesidades y demandas reales, que ahora mismo quedan fuera de la norma vigente.

Asimismo, se ha ampliado el límite económico para acceder a las prestaciones y el incremento del importe a conceder en cada una de las modalidades, y se incluyen recursos económicos no imputables en las rentas personales/familiares, como pueden ser, entre otros, la prestación por hijo/a a cargo menores de edad, las pensiones de alimentos establecidas en sentencia o convenio, así como prestaciones de dependencia. También se ha desarrollado un procedimiento único para la tramitación de las distintas ayudas y los trámites se verificarán de forma telemática.

Las ayudas contempladas en la propuesta se dividen en cuatro grandes bloques: de carácter básico, complementario, para la promoción y de emergencia social.

En el primer bloque se incluyen aquellas ayudas destinadas a cubrir carencias, demandas o necesidades básicas que inciden en la subsistencia, como pueden ser gastos de alimentación, higiene y vestimenta, que pasan de 102 a 162 euros mensuales (de 194 a 297 euros en familias con 6 o más miembros) hasta un máximo de 486 anuales (891 euros en el caso de las familias de personas). En este bloque también se incluyen las ayudas para el pago de la luz, el agua y el gas (nuevo), y –también como novedad- los gastos derivados del alquiler, hipoteca o alojamiento alternativo.

La normativa incluye las prestaciones de carácter complementario que permiten mejorar la calidad de vida para la habitabilidad y/o rehabilitación de la vivienda (adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas complementarias a las concedidas por otras administraciones, y pago de equipamiento del hogar); y en materia de salud y bienestar (tratamientos para la promoción de la salud y la prevención; adquisición de prótesis y órtesis; tratamientos psicoterapéuticos, y adquisición o deuda de tratamientos farmacéuticos.

Asimismo, este tipo de ayudas podrán destinarse a la educación para la adquisición de libros y material escolar, el acceso a procesos formativos, el pago del comedor, la residencia o el transporte escolar de Centros Escolares específicos, la movilidad (transporte público y personas con discapacidad), participación social para niños y jóvenes (campamentos, colonias, excursiones, talleres…) y otras actividades.

Dentro de la filosofía del Plan Estratégico de Servicios Sociales, se ha establecido un nuevo modelo de prestaciones económicas – para la Promoción- dirigida a facilitar y reforzar los procesos de intervención que se desarrollen en unidades familiares en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social, a fin de lograr su plena integración social, educativa y familiar. Con estas ayudas se podrá cubrir gastos destinados a favorecer la autoestima personal, convivencia y la integración social y laboral de la persona solicitante y su familia, durante seis meses. Esta cuantía oscilará entre los 324 y los 459 euros mensuales, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar.

Tras la percepción del máximo de prestación establecido en 6 meses, sin que concurra causa de extinción, se podrá solicitar nuevamente la prestación transcurrido 6 meses desde la fecha de cobro del último mes percibido.

Por último, las ayudas de emergencia social, que permiten dar respuesta inmediata a situaciones graves y de extraordinaria necesidad.

Cabe destacar que esta ordenanza hace especial hincapié en la las familias con personas con discapacidad o dependientes, incluye ayudas para las familias con miembros con intolerancia alimentaria, y se fortalece la perspectiva de género para promover la reducción de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y por tanto la feminización de la pobreza.

Tras la consulta pública previa, este documento será aprobado por la Junta de Gobierno Local y se abrirá un nuevo plazo de presentación de de enmiendas por los grupos políticos. Posteriormente, se emitirán los informes preceptivos para su aprobación inicial en el Pleno, un nuevo plazo de exposición pública y la aprobación definitiva por el Pleno. Entrará en vigor tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La alcaldesa de Telde destacó que esta ordenanza gira sobre el eje de favorecer la inclusión social, acompañando a las familias y a las personas en su proceso vital. Esto conllevará, añadió, un compromiso que tendrá que reflejarse en el próximo presupuesto para poder hacer frente a estas ayudas, pero “la reducción de la deuda, pasando de 154 a 23 millones, marca un antes y un después y permitirá destinar a la ciudadanía el dinero que antes se debía destinar al pago de intereses”. En ese sentido, Carmen Hernández afirmó que “no es un discurso vacío cuando hemos repetido que para este Gobierno las personas están en el centro”.