La más que dudosa interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo por parte del Servicio Canario de Empleo (SCE), en relación a las personas que tienen una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, ha puesto en una situación muy comprometida la empleabilidad de las personas con discapacidad en Canarias.

El pasado mes de abril, el Servicio Canario de Empleo comunicó a los Centros Especiales de Empleo, entidades que emplean al 70% de las personas con discapacidad en nuestra Comunidad Autónoma, su interpretación sobre una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de finales de 2018, las personas que tengan una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, habían perdido la condición de personas con discapacidad.

Esta interpretación podría destruir más de 5.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad, no solamente en los Centros Especiales de Empleo sino también en las empresas ordinarias y Administraciones Públicas.

Esta controvertida medida, aplicada únicamente en la Comunidad Autónoma de Canarias, puede significar la pérdida de la calificación, y el cierre de los principales Centros Especiales de Empleo que son los que más puestos de trabajo protegido generan en el archipiélago.

Además, conviene destacar que este cambio de criterio del Servicio Canario de Empleo adolece de los siguientes defectos, según los Servicios Jurídicos de las Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo y la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo:

• No se basa en ninguna ley, ni tan siquiera en disposición reglamentaria, es totalmente, dado que no tiene apoyo normativo de ningún tipo y pretende justificarse en una interpretación generalista de una sentencia del TS que se dicta para un caso que no es el que nos ocupa.
• Va en contra de los que han sido los propios criterios del Servicio Canario de Empleo hasta la fecha, yendo contra sus propios actos y generando indefensión a los nuevos beneficiarios.
• Es contrario al objeto, definiciones y principios establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
• Discrimina a unos discapacitados frente a otros, dado que excluye a aquellos que solo han sido valorados por el INSS respecto de lo que lo han sido por la Servicios Sociales correspondientes.

Con el fin de evitar estas dramáticas consecuencias, la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo se reunió a principios del mes de abril con el director del Servicio Canario de Empleo el Sr. D. Sergio Alonso Rodríguez para trasladarle la preocupante situación en la que se encontraría la continuidad laboral de miles de personas en riesgo de exclusión social y los técnicos de apoyo a este colectivo, junto a otros puestos.

En dicha reunión el Director del Servicio Canario de Empleo se comprometió a que no se viesen afectadas las subvenciones a las que tienen derecho estos centros hasta que se realizasen las correspondientes consultas al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), el cual, a día de hoy, no se ha pronunciado al respecto y no ha paralizado las ayudas que de él dependen directamente. Análogamente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tampoco ha cambiado su criterio respecto a las bonificaciones dirigidas a las personas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

Sin embargo y contra dicho compromiso, esta misma semana, el Servicio Canario de Empleo ha decidido paralizar para este colectivo las subvenciones a las que tienen derecho estas entidades, con carácter retroactivo desde enero del presente año, poniendo en serio peligro su subsistencia por la dependencia que tienen de las mismas para poder seguir desarrollando sus actividades y amenazando con posibles descalificaciones, que conllevarían el cierre y la destrucción de empleo protegido.

Habría que resaltar que esta medida no solo afectaría a las personas con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Empleo, sino también a las que lo hacen en la empresa ordinaria, exponiéndose éstas al incumplimiento de la Ley General de Discapacidad y, por lo tanto, a graves sanciones.

Debido a todo ello, desde la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo se está gestionando, con carácter urgente, la convocatoria de una rueda de prensa y diferentes movilizaciones en toda la Comunidad Autónoma para la próxima semana