El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, ha mantenido esta mañana una reunión con los rectores de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Martinón y Rafael Robaina, respectivamente, para debatir sobre las expectativas que se abren con el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas canarias.
Como primer paso en este modelo, el Gobierno de Canarias ha ordenado hoy la transferencia de 4.272.500 euros, que se repartirán a partes iguales entre las dos universidades públicas canarias para el mantenimiento y reposición de sus infraestructuras. Se trata de la primera partida liberada dentro de este nuevo modelo de financiación, que condiciona el incremento presupuestario al cumplimiento de objetivos por parte de ambas instituciones de educación superior.
“Hoy estamos afianzando un objetivo que nos marcamos al inicio de Legislatura: mejorar la financiación de la educación superior”, afirmó Fernando Clavijo. Según explicó el presidente, de esta manera, “el Gobierno asegura a las universidades una estabilidad económica suficiente como para poder planificar adecuadamente sus inversiones en infraestructuras, equipamiento, contratación, etcétera”. A cambio, las universidades realizarán estudios pormenorizados de aspectos como la demanda de los títulos, la racionalización de plantillas o las medidas para la continuidad del alumnado, con el fin de que las primeras medidas de mejora de la calidad de los centros puedan comenzar a aplicarse en el curso 2018-2019.
El presidente aseguró que esta nueva financiación parte de un análisis que ha derivado en una fase de planificación para terminar con una serie de mejoras que las universidades podrán comenzar a aplicar.
En este sentido, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, afirmó que “este es el comienzo de cuatro cambios básicos de futuro a través del modelo de financiación: cambios en las titulaciones, en las plantillas, para el alumnado y en la aportación social de las universidades, porque la educación superior estará planificada en todos esos aspectos”.
Los rectores, por su parte, manifestaron su satisfacción por esta nueva financiación y apostaron por seguir trabajando con el Gobierno para fomentar actividades como la investigación.
En concreto, con este acuerdo, las universidades públicas adquieren cuatro compromisos básicos:
1.-Elaborar un estudio sobre la demanda de las titulaciones que ofrecen y clasificarlas según lo cerca que estén de cumplir con los requisitos mínimos legalmente establecidos para el mantenimiento de la oferta de los estudios y que se recogen en el artículo 4.2 del Decreto 168/2008. Esto deberá hacerse este curso académico, con el fin de comenzar a racionalizar la inversión pública y comenzar a suprimir los que más se alejen de cumplir con el mínimo a partir del curso 2018-2019.
2.-La segunda exigencia para que se racionalice el gasto público tiene que ver con las plantillas. Las universidades también deberán realizar un estudio a futuro de la evolución de las plantillas y su mejor distribución, tomando como oportunidad para el cambio, eso sí, las incorporaciones de nuevos docentes que se produzcan para cubrir las jubilaciones previstas en los próximos ejercicios y que serán numerosas. En este caso, el horizonte temporal de aplicación del plan plurianual de plantillas es 2025, con una primera revisión en 2021.
3.-El tercer factor a analizar en este curso 2017-2018 será la mejora del rendimiento académico y la continuidad del alumnado en los estudios universitarios. Para lograrlo, será preciso elaborar y empezar a aplicar un plan abierto de medidas para mejorar los resultados académicos de los estudiantes, ofrecer alternativas al abandono temprano de los estudios y promover que los estudiantes puedan mantener e incrementar los niveles de conocimiento y dominio de lenguas extranjeras.
4.-Por último, el nuevo sistema de financiación pretende mejorar también la transferencia de conocimientos desde los centros de educación superior al sistema productivo, así como garantizar que el tejido empresarial canario tiene en nuestras universidades públicas referentes de formación para las necesidades de plantilla que presentan y pudieran presentar en el futuro. De ahí que se recoja en el documento para la financiación que las universidades deban elaborar durante el próximo curso un documento diagnóstico de las necesidades de formación continua e innovación de profesionales en los sectores productivos más relevantes de la economía canaria en el ámbito de influencia de las universidades y un estudio de cómo éstas pueden contribuir a satisfacer esta demanda para mejorar la interacción con las empresas y, en general, la productividad. El objetivo es redactar con posterioridad un plan de acción que permita comenzar a cumplir el compromiso el año 2018-2019.
Después de un año de reuniones, estudios y análisis del sistema público de educación superior en Canarias, realizados por la Dirección General de Universidades, los representantes de los centros educativos y los de sus Consejos Sociales, el Gobierno, la ULL y la ULPGC firmaron un protocolo básico de financiación el pasado diciembre, en el que el Ejecutivo se comprometió a incrementar las partidas económicas para las universidades, de acuerdo a los crecimientos anuales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de la Consejería de Educación y Universidades en particular, y éstas, a su vez, aceptaban que la recepción de los fondos esté condicionada al cumplimiento de hitos acordados con antelación, para la mejora de la calidad y competitividad de los dos centros académicos.
Con la reunión de hoy, se materializa el compromiso de todas las partes en trabajar con consenso, para alcanzar esos objetivos.
