• El Ejecutivo autonómico requerirá de incompetencia al del Estado por haber omitido la competencia de la Comunidad Autónoma en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local.

 

El Consejo de Gobierno acordó hoy requerir de incompetencia al Gobierno del Estado por haber omitido la competencia autonómica en el orden de fuentes previsto en el artículo 1.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector público local. Asimismo, solicitará del Consejo Consultivo de Canarias el dictamen sobre la procedencia del planteamiento de un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional en relación con ese artículo, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector público local.

 

El Gobierno de Canarias considera que ese decreto perjudica los intereses de la Comunidad Autónoma toda vez que la regulación del control interno efectuada por el legislador estatal no respeta las competencias de desarrollo legislativo asumidas por las Comunidad Autónoma de Canarias en la Ley 7/2015, de 1 de octubre, de Municipios de Canarias, con la consiguiente quiebra del principio de lealtad institucional.

 

Al haber omitido la competencia de Canarias en esta materia, el Ejecutivo regional entiende que el central se ha excedido en la su regulación e invada INVADE las que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias ya que no puede negarse que la materia incide directamente sobre la regulación del régimen local, materia sobre la cual el Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce a la Comunidad Autónoma Canaria las competencias de desarrollo legislativo y ejecución.

 

De esta forma, el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispone que cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considerase que una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a aquélla o a éste para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión.

 

En el caso del artículo 1.2 Real Decreto 424/2017, y considerando que aún no se ha producido su entrada en vigor, prevista por su Disposición final segunda para el 1 de julio de 2018, procede interesar la subsanación de la omisión de la competencia autonómica desarrollada por la Comunidad Autónoma de Canarias en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias.