Viernes, 20 Mayo 2022 14:30

Autorizados dos millones para el Colegio de Abogados de Las Palmas por la asistencia jurídica gratuita

 

Los importes certificados incluyen los gastos del Turno de Oficio y el Turno Especial de Extranjería

 

 

El Consejo de Gobierno autorizó viernes la realización de un gasto de 2.083.430,33 euros destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas para abonar las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondiente al primer trimestre de 2022.

La certificación de los tres primeros meses del año viene marcada por el número de asuntos (6.161), el importe acreditado en el Turno de Oficio (1.126.272,67 euros) y por las cifras en el Turno Especial de Extranjería (192.480,66 euros) con 3.996 personas atendidas.

Estos factores han motivado que se supere la cantidad de 2 millones de euros, haciendo preceptivo contar con la autorización del Gobierno para poder continuar la tramitación de la subvención, según dispone la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.

El resto de los servicios efectuados objeto de la subvención están relacionados con el servicio de guardia (320.397 euros), guardia de enjuiciamiento rápido (254.880 euros), guardia de Violencia de Género (189.000 euros) y servicios adicionales por incompatibilidad (400 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, debe por ley el deber financiar la asistencia jurídica gratuita.

Para cumplir con ese mandato legal, se establecen en las partidas presupuestarias líneas destinadas a ‘Retribuciones Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita’ para subvencionar a los diferentes Colegios de la Abogacía y la Procuraduría de Canarias por los servicios prestados en el Turno de Asistencia Letrada a la persona detenida, Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita a las personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.