El Gobierno de Canarias aprueba el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda
El Consejo de Gobierno apoya esta norma para impulsar la disponibilidad de inmuebles, simplificar la gestión y hacer frente a la gran demanda de vivienda que existe en el Archipiélago
El Ejecutivo promueve también, de forma complementaria, una decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque del Instituto Canario de la Vivienda, aprobado también por este órgano a finales del pasado año
El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago.
La nueva norma contiene dos grupos de iniciativas importantes: unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.
A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto contempla todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.
Además, determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación procedimental, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.
La Consejería ha trabajado esta propuesta junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.
En este sentido, el decreto ley reafirma el compromiso del Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias, derivada, en primer lugar, de la crisis inmobiliaria de 2008 y, también, por la pandemia de la COVID-19; y se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque elaborado por la Consejería a finales del pasado año, y aprobado en el Consejo de Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.
Optimización y recuperación de recursos
La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que se priorizará la construcción de vivienda protegida en suelos antropizados, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público y dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas. No obstante, seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública
En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.
Asimismo, el decreto recoge la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.
Por último, se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.
El Gobierno declara la situación de catástrofe en el sector agrario por los incendios de La Palma y de Tenerife de 2023
Esta declaración posibilita que se puedan convocar ayudas en el marco del PDR para la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes
El Gobierno de Canarias, reunido este lunes en Consejo, ha aprobado la declaración de situación de catástrofe en el sector agrario como consecuencia de los incendios que se produjeron en La Palma en el mes de julio de 2023 y en Tenerife en agosto del mismo año, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
Esta declaración posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes. En este sentido, se establecen medidas de apoyo para reparar y mitigar en la medida de lo posible las pérdidas y daños sufridos.
La normativa europea determina que para reconocer oficialmente dicha situación, se requiere que al menos el 30% del potencial agrícola haya sido destruido.
Cabe recordar que, en el caso de La Palma, el incendio afectó a los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, causando daños en infraestructuras agrarias y cultivos, especialmente en cítricos, aguacates, almendros, hortalizas para autoconsumo, frutales templados y viñedos. Se estima que el valor de los daños asciende a 678.448,40 euros.
Por otro lado, el incendio forestal de Tenerife, afectó en concreto a Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, originando daños principalmente en el cultivo del castaño, así como en frutales templados como manzanos, perales y ciruelos, entre otros. Asimismo, los daños en infraestructuras agrarias incluyen vallados, tuberías, pequeños cuartos de aperos, corrales, zonas de pastos y colmenares, entre otros, con una valoración estimada de 1.037.740 euros.
El Gobierno crea las unidades de prevención de riesgos laborales en la Administración General y Justicia
Dichas unidades dependerán funcionalmente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública
El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de hoy, lunes 19 de febrero, la creación de las unidades de prevención de riesgos laborales en la Administración General y Justicia, con la finalidad de integrar esta política en todos los niveles, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto.
Dichas unidades dependerán funcionalmente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública y colaborarán en la ejecución de las acciones contempladas, teniendo en cuenta el elevado número de empleados y empleadas, la diversidad de los servicios, la distinta naturaleza de las funciones y las características específicas de cada centro de trabajo.
Los departamentos y organismos autónomos destinatarios del presente acuerdo deberán proceder a la creación de su unidad de prevención de riesgos laborales, a través de la pertinente modificación de su Relación de Puestos de Trabajo, en el plazo máximo de un año.
A los efectos de incorporar estas unidades en la estructura de los órganos administrativos correspondientes se crearán con el rango de sección, dentro del servicio del departamento u organismo autónomo que por razón de sus competencias se considere el procedente.
La financiación de las unidades de prevención de riesgos laborales se hará con cargo al estado de gastos del departamento u organismo autónomo correspondiente.
Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Función Pública, previo acuerdo con el departamento u organismo público correspondiente, establecer, la estructura de personal.
Las citadas unidades deberán dotarse de una jefatura de unidad que corresponderá a personal funcionario del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Facultativa Superior, Especialidad Prevención (Grupo A, Subgrupo A1), de personal funcionario del Cuerpo Facultativo Técnico de Grado Medio, Escala Técnica Facultativa de Grado Medio, Especialidad Prevención (Grupo A, Subgrupo A2) cuyo número se determinará en función de su ámbito, así como del personal administrativo que se precise para la gestión y tramitación de los expedientes.
La determinación del número de puestos que han de conformar cada unidad se hará atendiendo, en primer lugar, al número de empleadas y empleados del ámbito orgánico de la unidad, del número y localización de centros o sedes de trabajo y de las especificidades existentes en materia de prevención de riesgos laborales, así como de las especificidades existentes en materia de prevención de riesgos laborales.
El Silbo Gomero, declarado Bien de Interés Cultural de Canarias
El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se reconoce a este bien inmaterial con la categoría de Tradición y Expresión Oral
La consejera Migdalia Machín destaca “el trabajo y la dedicación de la comunidad de portadores en la enseñanza, divulgación y protección de este lenguaje, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha aprobado hoy lunes, 19 de febrero, el decreto por el que el Silbo Gomero pasa a formar parte del catálogo de bienes de interés cultural de Canarias, ostentando la categoría Tradición y Expresión Oral.
Utilizado desde tiempo inmemorial para comunicarse a grandes distancias, es una de las manifestaciones más originales y representativas del archipiélago canario, un elemento cohesionador de primer orden, integrado en la comunidad, a pesar de los distintos acontecimientos históricos y de las numerosas transformaciones sociológicas, mostrando una excepcional capacidad de adaptación a toda clase de cambios, perviviendo como componente esencial de la cultura canaria.
Su origen se halla en la isla de La Gomera y se remonta a las poblaciones prehispánicas del archipiélago. Posee notorios valores históricos y etnográficos pues se vincula a actividades como la agricultura tradicional, la ganadería y la trashumancia, así como a los rituales festivos, incluidos los religiosos. Su sentido es permitir la comunicación entre personas que se encuentran separadas por grandes distancias, principalmente a través de los barrancos.
La consejera de Cultura, Migdalia Machín, subraya “la notable labor de preservación de esta tradición, a través de la comunidad de portadores, cuyo trabajo y dedicación hacen posible que en la actualidad lo practiquen más de veinte mil personas, especialmente en La Gomera, pero también en otras islas y otros territorios donde han arraigado sus practicantes”.
Desde la década de los ochenta del siglo XX se introduce en las escuelas gomeras como actividad extraescolar y desde 1999 forma parte de los currículos del área de Lengua Castellana y Literatura de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Canarias. En 2009 es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2010, el Cabildo Insular de La Gomera pone en marcha el Aula Insular de Silbo Gomero. En 2015, vinculada a los programas de innovación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se crea la Red de centros educativos para la enseñanza del Silbo Gomero en Canarias. Desde 2018 dispone de una propia Cátedra Científico Cultural en la Universidad de La Laguna.
Su declaración como BIC viene avalada por diversos informes de entidades y personas expertas con argumentos que abundan en el valor propio y suprainsular del Silbo Gomero, dada su práctica en varias islas y otros territorios, su presencia como uso representativo canario en exhibiciones internacionales, la disposición de una propia Cátedra Científico Cultural de Silbo Gomero en la Universidad de La Laguna y su declaración por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre otras consideraciones, constituyendo todo ello un enorme valor consolidado en la tradición popular gomera y de Canarias.
Sanidad destina más de 4,1 millones de euros al servicio de cocina del Hospital Molina Orosa
La contratación de este servicio se corresponde con las anualidades 2024, 2025 y 2026
El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, sirve alrededor de 22.000 comidas al mes a una media de 5.500 pacientes
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes, 19 de febrero, a la Consejería de Sanidad a destinar 4.102.189,73 euros a la contratación del servicio de cocina del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa y su edificio polivalente anexo.
El objetivo de esta contratación es ofrecer a los pacientes ingresados en el centro hospitalario una alimentación equilibrada, acorde a las prescripciones médicas pautadas y que repercuten de manera directa en la mejora de la salud de las personas ingresadas.
La licitación de este servicio de comidas diarias de ambos centros engloba las anualidades 2024, 2025 y 2026.
El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa sirve alrededor de 22.000 comidas al mes (desayunos, almuerzos y cenas) a una media de 5.500 pacientes.
