Lunes, 15 Octubre 2018 14:22

El Gobierno remite al Consultivo el decreto para la integración del Registro de Contratistas de Canarias en el registro estatal

 

  • Para llevar a cabo la consolidación de ambas bases de datos, es necesario derogar el Decreto por el que se creó el Registro de Canarias y su normativa de desarrollo

 

El Consejo de Gobierno acordó este lunes solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el proceso de integración del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, informó la consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila.

 

Dicha integración tiene por objeto dar cumplimiento al convenio de colaboración suscrito en 2015 entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Hacienda sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, entre las que se encuentra la coordinación de las competencias en materia de registros de licitadores y empresas clasificadas.

 

En el convenio ambas Administraciones se acuerda consolidar en un único Registro toda la información actual y futura relativa a empresarios y demás operadores económicos, tanto la que figura en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado como la inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma, manteniendo invariables las competencias de las respectivas Administraciones respecto de la tramitación y resolución de los expedientes de inscripción registral, y otorgando a los asientos practicados en el registro por ambas partes plenos efectos y eficacia frente a todos los órganos de contratación del Sector Público.

 

Para llevar a cabo la consolidación de los registros, es necesario derogar el Decreto por el que se creó el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma, y por ende su normativa de desarrollo, y proceder al traspaso de la información de un registro a otro, consolidando toda la información relativa a empresarios y demás operadores económicos en un único registro y estableciendo el régimen transitorio aplicable a los expedientes en tramitación y la validez de los certificados expedidos.