La inversión permitirá ampliar el programa a todas las islas, así como reforzar la atención que se lleva a cabo en el marco del programa que se inició hace un año en la provincia de Las Palmas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar una partida de 100.000 euros a reforzar la labor que se realiza en el marco del proyecto Alondra, de atención a menores en situación de explotación sexual y puesto en marcha a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
De esta forma, el programa, que se venía desarrollando desde hace un año en la provincia de Las Palmas, amplía su marco de actuación a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y llegará a todas las islas desde el próximo 1 de abril.
La ampliación de la partida presupuestaria permitirá reforzar el proyecto Alondra, desarrollado y gestionado por la Asociación Opción 3, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta específica e integral a la problemática de las personas menores víctimas de explotación sexual, interviniendo en todos los ámbitos, visibilizando y denunciando estas situaciones de violencia, y ofreciendo oportunidades que favorezcan su inclusión.
A fecha de enero de 2021, en torno a un centenar de jóvenes de diversos centros de protección del Archipiélago habían recibido formación específica dirigidas a potenciar relaciones saludables en el marco de este programa pionero en Canarias.
Alondra está dirigido a chicas y chicos a partir de 13 años y hasta la mayoría de edad que han estado o están en situación de explotación sexual en cualquiera de sus formas. Pueden estar residiendo con sus familias o tutores legales, o bien estar residiendo en algún centro de protección o estar cumpliendo una medida judicial.
A través del proyecto Alondra se busca actuar de forma coordinada con el fin de alejar a la persona menor del contexto donde se haya producido o se produzca la explotación sexual, así como proporcionar un tratamiento específico para menores víctimas de prostitución y/o trata mediante una intervención integral y coordinada con los diferentes servicios sociales, sanitarios, formativos, policiales y judiciales de Canarias.
