El presidente autonómico resalta la aprobación de la adenda al actual convenio por 407,5 millones, que se suman a los 38 ya abonados y a los 500 ya reconocidos e incluidos en los Presupuestos del Estado para Canarias en 2021, 2022 y 2023

Junto con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el
consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, Torres recalca el acierto de apostar por la negociación para resolver un problema de 10 años

El jefe del Ejecutivo cree bien enfocadas las medidas aprobadas hoy por el Gobierno de España para seguir afrontando la inflación

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó este mediodía la importancia de que el Consejo de Ministros de hoy haya resuelto, de forma definitiva, el conflicto de carreteras originado desde hace 10 años por incumplimiento del Ejecutivo español presidido por Mariano Rajoy del convenio 2006-2017. Torres compareció en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, junto con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. Según remarcó Torres, el respaldo a la firma de una adenda por 407,5 millones de euros en las próximas semanas demuestra el acierto de la apuesta de ambos gobiernos por el diálogo y la negociación, a la vez que “zanja una injusticia que cometió el Gobierno del PP solo con la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Torres cree muy importante que se ponga “punto final a este conflicto con la autorización de esa adenda”, cuya cantidad (407 millones) se suma a los 500 millones de euros ya reconocidos e incluidos en los presupuestos regionales de 2021 (100 millones), 2022 (200) y 2023 (otros 200 millones más 40 por intereses de demora), previa transferencia del Estado. El presidente recordó el daño que supuso el incumplimiento de aquel acuerdo por parte del Gobierno de Rajoy “porque hubo que parar o frenar obras adjudicadas, algo que solo se hizo con Canarias. La sentencia fue contundente, pues no se puede eliminar un convenio cuando hay obras ejecutándose por mucho que se acojan a la crisis, aparte de que se incumplía el REF, iba en contra de nuestro fuero y perjudicaba la economía y la conectividad”. Según remarcó, “se pisoteó a una Comunidad y, por eso, fue una gran decisión entonces acudir a la justicia”.

No obstante, el jefe del Ejecutivo canario considera aún más importante que, “ahora, y sin ir de nuevo a la justicia, se resuelve el conflicto con la negociación”. Torres espera que lo ocurrido “no vuelva a producirse, pero que tampoco se olvide, pues el PP dice que el Gobierno de España incumple ahora el REF sin ponerse rojo. Son mil millones que quedan resueltos”, insistió.

500 millones para gasto ordinario: financiación de servicios esenciales y obras

Por su parte, Román Rodríguez recordó que, en 2018, los 500 millones reconocidos se colocaron en la contabilidad nacional como superávit de Canarias y que el Gobierno regional esto no lo aceptó, “pues eso no habría impactado en la vida de los canarios ya que iría solo a amortizar deuda pública de la Comunidad Autónoma. Por eso, suscribimos un acuerdo y reclamamos que se pudieran destinar esos 500 millones a gasto ordinario de cualquier ámbito competencial, así como que se buscara una fórmula para que lo conveniado y no ejecutado también se traspasara a la Comunidad, algo que hoy se cumple, aunque no era sencillo”.

Rodríguez insistió en que se ha resuelto algo “que genera Rajoy y que no resuelve el Gobierno de Canarias de 2015 a 2019, sino ahora nosotros. Había 500 millones en el limbo y se han gastado en la prestación de servicios y en obras desde 2021, mientras que hoy se han aprobado los 445 millones, de los que ya se han ejecutado 38 (la resta es la cifra de 407 millones)”.

En su intervención, Sebastián Franquis explicó que, en 2019, se certificó obra ejecutada antes de 2018 por esos 38 millones, por lo que la adenda se eleva a 407, “que son los aprobados hoy por el Consejo de Ministros”. El consejero recordó que, hace un mes, el Gobierno central autorizó a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a firmar la adenda y que el Ejecutivo regional puede certificar otros 134 millones de obra ejecutada, cifra que ahora se adelanta, “con lo que se salda la deuda sobre trabajos ejecutados y certificados (los 407 millones)”. De esos 134, 125 se certificaron el 15 de septiembre pasado y con otros 9 se hará en enero próximo.

Franquis también remarcó la importancia de resolver este conflicto de hace una década utilizando la política, el diálogo y el entendimiento. Según indicó, la firma de la adenda se prevé para las próximas semanas.

El consejero explicó que, para dar cumplimiento al compromiso de liquidar la deuda, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy el abono a Canarias de 407 millones de euros de la deuda por obra no ejecutada del convenio anterior (2006-2017). Ese pago se realizará en dos partidas. Por un lado, el abono casi inmediato y por adelantado de 134,5 millones de euros de las obras del anterior convenio de carreteras que no fueron ejecutadas antes de que venciera el citado convenio (2017) por falta de financiación del Gobierno estatal. El Gobierno de Canarias finalmente ha estado ejecutando esas obras del convenio anterior que se habían quedado descolgadas entre los años 2019 y 2022 con fondos propios.

El otro pago por parte del Estado, con el que se completa la deuda de 407 millones de euros, corresponde a la suscripción de la adenda al actual convenio de carreteras por un importe de 273 millones de euros. La adenda se liquidará en dos anualidades a repartir entre los años 2026 y 2027 del actual Convenio de Carreteras (2018-2027), anualidades que hasta ahora no contaban con ninguna aportación dineraria. Con esta adenda, el actual Convenio de Carreteras pasará de los 1.200 millones firmados en 2018 a disponer de 1.473 millones de euros.

La deuda del Gobierno de España con Canarias en materia de carreteras por los incumplimientos del anterior Convenio de Carreteras, 2006-2017, ascendía a principios de la legislatura a más de 1.000 millones de euros, tanto por obras ejecutadas (419 millones) entre 2012 y 2014 con fondos propios de la Comunidad como por la obra que no se pudo ejecutar por falta de fondos estatales (445 millones). Además, la deuda por obra ejecutada con recursos propios generó unos intereses de demora de 139,7 millones de euros; por tanto, la deuda por obra ejecutada asciende a 559,2 millones de euros. Esta deuda fue reclamada por la Administración regional por la vía judicial, que dio la razón a Canarias frente al Estado. Sin embargo, el anterior Gobierno de España, en manos del Partido Popular, puso siempre pegas a ese pago, por lo que tuvo que ser el actual Gobierno de Canarias el que, siempre desde la colaboración y el diálogo, resolviera el abono de esa partida con el Gobierno estatal. Con estos acuerdos del Consejo de Ministros de hoy, el Gobierno de Canarias da por solucionada y liquidada la deuda que el Estado mantenía con esta Comunidad Autónoma.

Medidas contra la inflación del Gobierno central

Torres también se refirió al tercer paquete de medidas aprobadas hoy por el Gobierno de España para enfrentar la inflación desde la invasión rusa de Ucrania y remarcó su efecto en Canarias. No obstante, y como también hiciera el consejero de Hacienda, recordó que en Canarias no hay margen para rebajar los impuestos energéticos, al combustible o a los alimentos, ya que el IGIC está a cero en estos apartados. Además, considera un acierto que, como está haciendo el Gobierno de las islas, haya ayudas a los colectivos más afectados, como los agricultores o transportistas (a los que se les mantiene la subvención de 20 céntimos por litro de carburante), así como que se prorroguen iniciativas para evitar los desahucios, los cortes de luz y otros servicios básicos a las familias que no pueden afrontar estos gastos.

El presidente subrayó que, entre las iniciativas, hay un paquete de medidas prorrogadas para los afectados por el volcán de La Palma y expuso que, pese a las dificultades, Canarias ha mejorado su escudo social y ha impedido que unas 300.000 personas entren en riesgo de pobreza. Asimismo, recordó el paquete fiscal aprobado por su Gobierno con el Presupuesto de 2023 para rentas inferiores a 50.000 euros, los buenos registros de paro y de afiliación a la Seguridad Social, los datos del turismo en la temporada de inverno o los avances en la diversificación de la economía.