El Gobierno decide prorrogar el procedimiento para no perjudicar a los solicitantes, ya que agosto es un mes en el que la mayor parte de las empresas cierran por vacaciones

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica, ha decidido ampliar hasta el 5 de septiembre el plazo de solicitud de las ayudas dirigidas a la dinamización y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Isla de La Palma como consecuencia del impacto económico generado por las erupciones volcánicas.

El Gobierno ha adoptado esta decisión con el fin de no perjudicar a los solicitantes, ya que agosto es un mes en el que la mayor parte de las pymes cierran por vacaciones. La dotación de esta subvención asciende a 5.000.000 euros.

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno canario, Manuel Domínguez, recuerda que estas ayudas tienen un doble objetivo. “Por un lado, conseguir que las empresas que ya están en el mercado puedan consolidarse; y, por otro, atraer la inversión para devolver a La Palma el esplendor de años anteriores”.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado viernes 4 de agosto la orden por la que se conceden estas ayudas de las que pueden ser beneficiarias las pymes dedicadas a sectores como la industria, construcción, turismo, comercio, transportes y de servicios en general que presenten proyectos de creación de una empresa o de modernización, entendiéndose por tal, la ampliación de un establecimiento existente o de la capacidad productiva, la diversificación de la producción en nuevos productos adicionales y el reinicio de la actividad empresarial o profesional afectada directa o indirectamente por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, producida el 19 de septiembre de 2021.

Se incluyen entre los gastos subvencionables los de constitución y primer establecimiento (sólo proyectos de creación de nuevas pymes); bienes de equipo, entendiéndose por tales el equipamiento necesario para desarrollar la actividad; inversiones inmateriales (software); y acondicionamiento del local, aquellas encaminadas a desarrollar una política fiscal que reactive la competitividad y la economía, así como la potenciación de la formación profesional y la eficacia en la gestión de los fondos europeos.