El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado  Sentencia el pasado martes 11 de junio en la que desestima un recurso del Consorcio de Regantes contra una Resolución de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural que declara que las obras realizadas no cuentan con licencia y no son legalizables, confirmándola, y obligando a reponer el terreno al estado natural, dando viabilidad a que el Ayuntamiento de Guía pueda reparar la carretera afectada para su puesta en uso público

Durante el mes de julio de 2022 este Ayuntamiento ordenó el cierre de un tramo de la carretera municipal que conecta Bascamao con Montaña Alta como consecuencia de la realización de unas obras no autorizadas por el Consorcio de Regantes que provocaron el desmoronamiento de la carretera, poniendo en peligro la seguridad de los vehículos y las personas.

Al tratarse de suelo rústico de protección paisajística, el Ayuntamiento carece de competencias para sancionar al corresponder a la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, por lo que se le remitieron las actuaciones que culminó con una Resolución del órgano autonómico que declaró que las citadas obras se ejecutaron sin licencia y que las mismas no son legalizables, por lo que ordenó reestablecer el terreno al estado primitivo, y en caso de no hacerlo voluntariamente el infractor será el Gobierno de Canarias quien lo haga.

Al no estar de acuerdo con esta Resolución, el Consorcio de Regantes interpuso un recurso contencioso-administrativo que ha sido desestimado y por tanto la orden de la Agencia de Protección confirmada, tomando el Magistrado en consideración que el Ayuntamiento de Guía ha sancionado al Consorcio por desviar la carretera y además que ha declarado la caducidad de la licencia de obras inicialmente concedida.

Esta Sentencia se suma a las desestimaciones de las diferentes solicitudes de suspensión que el Consorcio de Regantes ha venido solicitando, sin éxito, de los Juzgados, tanto de Resoluciones de la Agencia de Protección del Medio Natural como acuerdos municipales.

Con esta Sentencia, junto a otras resoluciones judiciales ya dictadas que desestiman la solicitud de suspensión comentadas, se da vía libre a que el Ayuntamiento pueda ejecutar el proyecto ya aprobado, estando en fase de contratación, para dotar de medidas de seguridad al tramo de carretera municipal dañado, con una inversión estimada de 1.500.000 € que será reclamado al Consorcio de Regantes al ser el causante del daño provocado.

Cabe destacar que este proyecto se ha redactado conjuntamente con la Agencia de Protección del Medio Natural para coordinar las obras de reparación de la carretera con la reposición del terreno al estado natural que es lo que precisamente viene a confirmar la Sentencia judicial.