El Gobierno desbloquea la Ley de Digitalización para fortalecer la protección de los espacios naturales
La Consejería de Política Territorial reinicia la redacción del texto legislativo, que aportará mayor seguridad jurídica e incluirá las propuestas recibidas en la primera fase de consulta pública antes de su paralización en 2021
El Consejo de Gobierno ha dado vía libre esta mañana al reinicio de la redacción de la Ley de Digitalización de los límites de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. El expediente, elevado a propuesta del titular de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, desbloquea la elaboración de esta norma, paralizada en 2021, que tiene como objetivo digitalizar la representación gráfica de dichos espacios, ya que el único soporte existente en la actualidad data de 1987. La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos está compuesta por 146 espacios, que ocupan aproximadamente el 40% de la superficie del Archipiélago.
Los límites oficiales de los espacios naturales en Canarias están definidos por los anexos de Reclasificación y Cartográfico que, desde 1994, han acompañado a las sucesivas normativas sobre planeamiento en las islas. Éstas son, entre otras, la Ley de Espacios Naturales de Canarias (1994), el Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio (2000) y la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias (2017).
Por esta razón, ha explicado Manuel Miranda, “se hace necesario actualizar la herramienta de definición de dichos espacios, que se adapte a los actuales sistemas de información territorial, todos ellos digitalizados, para garantizar una mayor seguridad jurídica y facilitar la identificación de las zonas comprendidas en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos”.
La tramitación de esta normativa, según ha explicado Miranda, se inició en 2018 y, desde 2021, estuvo paralizada, por lo que se ha decidido iniciar un nuevo expediente para mayor seguridad jurídica del procedimiento. En una primera exposición pública recibió 165 sugerencias, que “se han venido analizando en los últimos meses”, ha añadido el consejero, “y se incorporarán al documento antes de volver a exponerlo públicamente”.
Entre los principios que inspiran la nueva regulación, que tendrá rango de ley pues sustituye a los anexos que han acompañado a las normas de igual rango, se encuentran el asegurar “la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística”, y garantizar “el principio de no regresión de los espacios naturales”. Además, el nuevo texto legal fomentará “las tareas de protección, conservación y mejora” de dichos espacios.
La digitalización de los límites de los espacios naturales, que tramita la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, permitirá su incorporación a cualquier proyecto o instrumento de ordenación, y además será compatible con el Banco estatal de datos de la Naturaleza, que se remite cada año a la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Canarias avanza hacia la mejora de su gestión educativa con la incorporación de la reconocida plataforma Séneca
El consejero del área, Poli Suárez, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del convenio suscrito con la Junta de Andalucía y la Agencia Digital de Andalucía para la cesión al archipiélago de este software, que multiplicará las funcionalidades y servicios que hoy ofrece el sistema de información canario Ekade
Actualizar el sistema de información y gestión educativa de Canarias, Ekade, con más funcionalidades y servicios. Ese es el objetivo del convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias, la Junta de Andalucía y la Agencia Digital de Andalucía para la cesión, por parte de estas últimas, del software de su plataforma Séneca, herramienta que ya emplean otras comunidades y el propio Ministerio, y cuyos detalles han sido expuestos en el Consejo de este lunes por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez.
Al igual que en su día hizo el Gobierno de Canarias con Ekade, Séneca fue diseñado por la Junta para gestionar su sistema de enseñanza, facilitando, además, los intercambios de información entre centros y Administración.
Asimismo, las aplicaciones de Ekade forman parte de otro conjunto aún mayor utilizado en los servicios centrales de la Consejería de Educación, las cuales fueron desarrolladas sin un enfoque integral, en momentos diferentes, atendiendo a necesidades puntuales y con tecnologías dispares.
En ese sentido, mientras que Ekade se basa en aplicaciones con bases de datos descentralizadas desarrolladas con tecnologías que, con el tiempo, han quedado obsoletas, Séneca goza de un alto grado de parametrización, tanto para procesos como para la estructura de la información, lo que le confiere un alto grado de flexibilidad que, por ejemplo, ha permitido su implantación en regiones distintas a Andalucía.
En concreto, el programa andaluz ha sido ya cedido e implantado en Asturias, La Rioja, Navarra, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde el área de Educación está gestionada por el Ministerio, y hay que tener en cuenta que adoptar un sistema ya consolidado y empleado en otros territorios supone menos riesgos y menos tiempo que desarrollar uno nuevo y propio. De hecho, la aprobación del convenio del que esté lunes se ha informado al Consejo de Gobierno se ha hecho por vía de urgencia para, precisamente, poder financiar su implementación con fondos europeos FEDER ya durante el presente ejercicio.
Séneca facilita a toda la comunidad educativa, las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, una gestión académica y económica de los centros más eficiente, moderna y personalizada, siendo la reducción de la burocracia “una de sus grandes contribuciones”, según Poli Suárez, quien recientemente visitó Andalucía y próximamente recibirá en Canarias a su homóloga, María del Carmen Castillo, para, entre otras cuestiones, cerrar detalles de la cesión.
Como ejemplos, con Séneca no se entregan boletines de calificaciones en papel, sino en el Punto de Recogida; las familias pueden presentar a través de la Secretaría Virtual la solicitud de admisión, desde Infantil a Bachillerato, y los denominados “cheques-libro” se distribuyen electrónicamente de los centros a las familias, que pueden adquirirlos, directamente, en las librerías.
Referente estatal
Séneca, el mayor sistema informático de la Junta de Andalucía, es, por tanto, un referente estatal de gestión académica, cuyos módulos Pasen y Secretaría Virtual constituyen, respectivamente, grandes ejemplos de sistemas de comunicación entre centros y familias y en el ámbito de la realización de trámites electrónicos con el centro.
Además, 140.000 y de 1,5 millones de usuarios, respectivamente, emplean a diario sus aplicaciones iSéneca e iPasen para realizar las tareas más comunes del ámbito educativo, y cada año se incluyen nuevos módulos y herramientas que siguen ampliando el ecosistema.
En la actualidad, Séneca cuenta con unos trescientos módulos, que le permiten gestionar información de 7.851 centros educativos andaluces; contener los expedientes académicos de más de cuatro millones de alumnos y alumnas y el historial de 205.000 docentes, así como soportar picos de concurrencia de más de 280.000 usuarios al día, generando casi diecisiete millones de informes. Ello, unido a su exportación a otras regiones, da muestra de su calidad y extraordinario potencial.
El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba la creación de 113 plazas de Profesor Ayudante Doctor en las universidades públicas canarias
La medida, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, garantiza el refuerzo de las plantillas docentes de la ULL y la ULPGC con una inversión de 14,8 millones de euros hasta 2028
Se crean además 47 plazas de Profesor Asociado Asistencial en la ULL para fortalecer los servicios asistenciales vinculados a la formación académica
En su reunión celebrada este lunes 17 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó, a petición de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la creación de 113 plazas de Profesor Ayudante Doctor (PAD). Esta medida se enmarca en el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador María Goyri, impulsado junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La distribución contempla 63 plazas para la ULL y 50 para la ULPGC, con una financiación compartida entre el Estado y el Gobierno de Canarias, que asume el coste de 75 plazas con un importe anual de 3.722.242,5 euros, totalizando 14,8 millones de euros hasta 2028.
“Este paso responde al compromiso de atender las necesidades de las universidades públicas canarias, siempre desde el rigor y los cauces necesarios, garantizando la calidad de la educación superior y la estabilidad de su personal docente”, destacó Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.
La consejera subrayó que “gracias al esfuerzo de este Gobierno, Canarias asegura que sus universidades públicas cuenten con los recursos humanos necesarios para afrontar los retos académicos, consolidando su prestigio y fortaleciendo su atractivo”.
El Programa María Goyri, que prevé 3.361 plazas para universidades públicas en España, destina 188 a Canarias, un volumen que refleja el trabajo constante del Gobierno de Canarias para defender y potenciar su sistema universitario.
Asimismo, el Consejo aprobó la creación de 47 plazas de Profesor Asociado Asistencial en la ULL, contribuyendo al fortalecimiento de los servicios asistenciales vinculados a la formación académica. La aprobación llega tras los informes favorables de las direcciones generales competentes, constatando la viabilidad presupuestaria y reafirmando el compromiso de este Ejecutivo con la educación superior en las islas.
El Gobierno autoriza 9,5 millones para el abono de la bonificación al combustible en las islas no capitalinas
La medida permitirá a la Agencia Tributaria Canaria proceder al pago de una ayuda que persigue equilibrar el coste de los carburantes entre las islas
El Consejo de Gobierno ha autorizado en el día de hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, un gasto por importe de 9,5 millones de euros como aportación dineraria a la Agencia Tributaria Canaria para que pueda proceder al abono de la bonificación al combustible en las islas no capitalinas.
A la Agencia Tributaria Canaria corresponde la tramitación y resolución de las solicitudes de bonificación, por lo que se trata de librar, con la partida aprobada hoy, los fondos necesarios para que pueda gestionar y abonar la bonificación por la venta de combustible en esas islas, a medida que se vayan resolviendo las solicitudes presentadas por las empresas colaboradoras.
Desde este mes de febrero, el Gobierno de Canarias ha ampliado la bonificación, prevista inicialmente para las denominadas islas verdes, a todas las islas no capitalinas. Para ello, y con el fin ajustar la medida a los costes reales que soportan los ciudadanos de cada una de las islas menores, no se ha establecido una cuantía única, sino que el importe se determinará trimestralmente, según los precios de la isla no capitalina comparados con los de Gran Canaria y Tenerife para el mismo período. Un diferencial inferior a 5 céntimos por litro no dará derecho a la bonificación.
Actualmente, y hasta la próxima revisión trimestral, la cuantía de la bonificación se ha fijado en 5 céntimos por litro suministrado en la isla de Fuerteventura, 20 céntimos por litro en el caso de La Palma y La Gomera, y 30 céntimos por litro suministrado en El Hierro.
La Consejería de Política Territorial destina 1,4 millones a la formación digital en municipios reto demográfico
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento hoy de las subvenciones entregadas a los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma
El Consejo de Gobierno de Canarias ha tomado conocimiento esta mañana de las subvenciones que, por importe de 1.430.022,31 euros, se han destinado a los cabildos insulares para la formación digital de la ciudadanía en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, los denominados municipios reto demográfico. El expediente, gestionado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, establece como beneficiarios de la ayuda financiera a los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, que respondieron positivamente a la convocatoria.
Esta línea de subvenciones está financiada a través de los fondos europeos Next Generation, y tienen como objetivo mejorar las competencias digitales de la ciudadanía en municipios reto demográfico.
Según los cálculos realizados por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico, centro encargado de su tramitación, el expediente plantea como objetivo la formación de 6.660 personas, distribuyendo tal objetivo por islas en función de la población que reside en los municipios de menos de 10.000 habitantes de cada una de ellas.
Los cursos de formación tendrán una duración mínima de siete horas y media y deberán ser realizados antes de junio de 2026. Los cabildos contarán, además, con asesoramiento y apoyo para la gestión de los fondos europeos a través de una asistencia técnica contratada por la Viceconsejería.
El importe de las subvenciones otorgadas el pasado mes de diciembre asciende a 579.794,20 euros en el caso de Tenerife; 153.290,02 euros, La Gomera; ); 332.084,86 euros, La Palma; y 364.853,23 euros, Gran Canaria.
En la actualidad, se está trabajando con los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, así como con municipios de estas islas, para que puedan sumarse a una nueva convocatoria durante 2025. La corporación insular de El Hierro renunció a participar en esta convocatoria.
Además de esta línea de subvenciones, la Consejería de Política Territorial trabaja en otros proyectos dirigidos a municipios reto demográfico, como la creación de una oficina virtual para estos municipios, donde dispondrán de asesoramiento para facilitar sus tareas administrativas, o un visor de indicadores, que será la base del futuro observatorio canario del reto demográfico.
El Gobierno culmina la planificación hidrológica de las islas con la aprobación definitiva del tercer ciclo de La Palma
Manuel Miranda recuerda que el Gobierno ha corregido un retraso de más de tres años en esta planificación y anuncia que se trabaja para que el cuarto ciclo sea aprobado antes de diciembre de 2027
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el tercer ciclo de planificación hidrológica y el segundo del plan de gestión de riesgos de inundaciones de la isla de La Palma. El expediente, elevado a propuesta del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, incluye 203 medidas por importe de 205 millones de euros. Miranda ha informado de que se cumple así “con el compromiso de actualizar la planificación hidrológica de Canarias, que sufría un retraso de más de tres años en su tramitación”.
Manuel Miranda ha explicado que esta planificación debía de estar aprobada en diciembre de 2021, y el incumplimiento en su tramitación “provocó una demanda de la Comisión Europea que podría derivar en nuevas sanciones, por eso hemos hecho un esfuerzo de coordinación y apoyo a los consejos insulares de aguas para sacar adelante los cinco planes que nos encontramos sin tramitar, con el fin de evitar que dicha demanda acabe en sentencia contra Canarias”.
El documento de planificación de La Palma incluye 203 medidas por importe total de 205.952.487 euros. Entre otras, 43 de estas medidas tienen que ver con aumentar la disponibilidad de suministro tanto para la población como para el sector primario; 46 medidas para la mejora de la gestión de los recursos; 54 medidas para la gestión de áreas inundables; y 26 para redes de saneamiento, depuración y vertidos.
En muchos casos, se trata de medidas estratégicas, como el control de acuíferos, la mejora de sus instalaciones, obras para recuperar el suministro en zonas afectadas por el volcán, ampliación de la capacidad de almacenamiento, ampliación en las redes de riego o la mejora de los sistemas de saneamiento y depuración.
Manuel Miranda ha recordado que el Gobierno ha ido tramitando los planes que estaban bloqueados. Así, aprobó los de Gran Canaria y Tenerife el 18 de septiembre de 2023. El de Lanzarote, elaborado por el propio ejecutivo autonómico, recibió su visto bueno el 31 de julio de 2024, mientras que el de Fuerteventura fue aprobado el pasado 16 de septiembre. “Con la aprobación definitiva del plan de La Palma culminamos la puesta al día de la planificación hidrológica de las islas”, ha añadido el consejero, quien ha recordado que “desde septiembre trabajamos ya con los consejos insulares en el siguiente ciclo”.
Miranda ha asegurado que esta situación de retraso “no puede volver a repetirse, pues condiciona la política de aguas de Canarias y la negociación con el Estado para la firma de un futuro convenio de obras hidráulicas”. A este respecto, el consejero ha recordado que aún no hay fecha para una primera reunión con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encuentro en el que, además, solicitará a la ministra que los 20 millones para proyectos que no llegaron en 2024 se sumen a los 20 que deberían estar previstos en 2025.
