El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que simplifica el reconocimiento de la dependencia
La nueva normativa permitirá reducir los plazos para obtener la ayuda, al pasar de dos procedimientos a uno
El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, considerar el proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y elevar el mismo al Consejo Consultivo de Canarias a fin de recabar su preceptivo dictamen.
Una vez que entre en vigor, el decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.
En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.
“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.
Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.
La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas dependientes y a sus familias. Cabe recordar que la nómina que pagó el Gobierno de Canarias por prestaciones totales en el mes de enero de 2025 superó los 12,4 millones de euros, con los que se realizó la cobertura de ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia de 29.441 personas en el Archipiélago. En julio de 2023, este importe era de 7,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 58% en tan solo 18 meses de legislatura.
“Hay que recordar que una sola persona puede recibir varias ayudas -en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias la ratio es de 1,38 por persona, la media nacional es 1,40- y que, según el informe del IMSERSO, disponible en su página web, a 31 de enero de 2025, se otorgaban 65.078 prestaciones, 21.410 prestaciones más que al inicio de esta legislatura”, desveló.
“En definitiva, esta legislatura supone un punto de inflexión en lo que a gestión de la Dependencia se refiere. Está claro que nos gustaría resolver de un día para otro los expedientes, pero por el momento no se puede. Entre otras cosas, la financiación del Estado, que tiene que ser al 50%, sigue siendo escasa. El esfuerzo económico que se realiza desde esta Comunidad Autónoma, incluidos los cabildos, que no olvidemos que son los que tienen los centros residenciales, es muy superior a la que se espera de cualquier autonomía”, añadió la titular del departamento.
Bienestar Social lleva al Gobierno el proyecto de decreto de la tarjeta que acredita el grado de discapacidad
Digital o física, la tarjeta facilitará el acceso a los beneficios que corresponden a las personas con esa condición
El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, tomar en consideración el proyecto de Decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención, así como elevar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto para recabar su informe.
Según se exponen en el proyecto de Decreto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, tanto digital como física, se dotará de esta tarjeta a las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de proporcionarles un instrumento útil para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, y facilitarles así el acceso a los beneficios de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.
La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil. “Es una acción muy demandada por las personas del colectivo, porque evita que estas tengan que llevar a diario el decreto de resolución de su grado, y simplemente mostrarlo en el móvil”, aseguró en rueda de prensa la consejera Candelaria Delgado.
Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Canarias amplía la declaración de emergencia en materia de menores migrantes con el fin de garantizar su protección
El Ejecutivo canario ya tomó esta medida en agosto de 2023 que ha ido reiterando ante la situación de incremento de llegada de niños y niñas no acompañados a las costas canarias
La media de ocupación de los centros de acogida de menores migrantes alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte
Canarias tutela en estos momentos a más de 5.800 chicos y chicas migrantes no acompañados
El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado hoy la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección de la infancia, garantizado una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias.
Hay que recordar que en agosto de 2023, el Gobierno de Canarias acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes que entonces llegaban a las islas, adoptando cuantas medidas ha tenido en su mano para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados.
Sin embargo, la llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos. Por ese motivo, ante el agravamiento de dicha emergencia migratoria, el 2 de septiembre de 2024, Gobierno de Canarias acordó reiterar dicha declaración de emergencia migratoria, al objeto, entre otros, de impulsar con la máxima prioridad un conjunto de medidas para hacer frente a dicha situación, en especial las relativas a la concertación de nuevas plazas para atender a los menores y la ampliación de la plantilla de personal destinada a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familia.
La situación actual, de emergencia migratoria sobrevenida o agravada, queda descrita en los datos sobre la situación de desbordamiento de los recursos de que dispone la Canarias para atender a los migrantes menores no acompañados. A fecha de septiembre de 2024 se registraban 4.285 menores tutelados por el Ejecutivo canario, el 36,5% del total nacional. Esta cifra se ha incrementado superando los 5.800 menores en febrero de 2025, por lo que la capacidad de acogida de los 86 centros destinados a este fin se ha visto desbordada, con una media de ocupación de los centros de acogida alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte.
A pesar de los esfuerzos realizados, la continua llegada de menores y la saturación persistente de los centros de acogida evidencian la necesidad de ampliar la declaración de emergencia agravada, con el fin de incrementar la capacidad de los centros existentes y habilitar nuevas instalaciones adecuadas para garantizar entornos seguros para la infancia y la adolescencia migrante; reestructurar los centros según los perfiles de menores; contratar y formar a profesionales en áreas como trabajo social, psicología e interpretación, esenciales para la atención integral de los menores y acelerar los trámites necesarios para la documentación y regularización de los menores, facilitando su integración y acceso a derechos básicos.
Con esta acción se podrá, en definitiva, movilizar los recursos necesarios, fortalecer las infraestructuras de acogida y garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados.
Bienestar Social destina 24,3 millones de euros a la atención de menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales
A través de esta partida se da cobertura a la realización de programas de actividades en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales en Canarias
El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha autorizado la realización del gasto derivado de la Orden de encargo a la Fundación Canaria de Juventud IDEO para la realización de determinadas actividades en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2025, por un importe 24.310.174,65 euros.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias desarrolla, a través de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, un programa de actividades relacionadas con la ejecución de las medidas dictadas por los jueces y fiscales de Canarias, para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales en Canarias.
La Fundación Canaria de Juventud IDEO es una entidad sin fin lucrativo, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes en cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra “el fomento, promoción y apoyo de actividades, acciones y programas, destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras de favorecer el desarrollo integral del individuo, eliminando, en lo posible, los obstáculos con los que se encuentren”.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en su artículo 45.1, establece que la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las Comunidades Autónomas.
El Consejo de Gobierno toma conocimiento del Anteproyecto de la Ley Canaria de la Ciencia
El texto será remitido al Consultivo antes de su tramitación en el Parlamento
El Gobierno de Canarias ha tomado conocimiento del anteproyecto de la Ley Canaria de la Ciencia en la sesión del Consejo de Gobierno celebrado el 24 de febrero, un paso determinante en la modernización del marco normativo que regula la I+D+i en el archipiélago. Con esta norma, el Ejecutivo da respuesta a la necesidad de actualizar la legislación vigente desde 2001, estableciendo un nuevo modelo que refuerza la inversión pública, mejora la coordinación del sistema y facilita la transferencia de conocimiento al tejido productivo.
El texto será remitido ahora al Consejo Consultivo de Canarias, que emitirá el dictamen preceptivo antes de su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno y posterior envío al Parlamento de Canarias, donde continuará su tramitación.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha destacado la relevancia de este paso. “Que el Gobierno tome en consideración este Anteproyecto representa un progreso fundamental en la construcción de un marco normativo moderno, adaptado a los retos de la ciencia y la innovación. Supone un firme compromiso con la inversión en conocimiento y con la simplificación de los procedimientos en un sector estratégico para Canarias”.
El nuevo texto introduce medidas para agilizar la gestión de proyectos de I+D+i, otorgando prioridad administrativa a los procedimientos en este ámbito. También establece nuevos órganos de gobernanza, con el objetivo de optimizar la coordinación entre el sector público, el sistema universitario y el tejido empresarial.
Además, el anteproyecto incorpora un compromiso progresivo de incremento de la inversión pública en innovación, en línea con las estrategias europeas para el impulso de la competitividad y el talento. Se refuerza también la estabilidad del sistema con el desarrollo de un marco más claro para la contratación y la carrera investigadora, facilitando la retención y atracción de personal cualificado.
Desde su fase inicial, la redacción de la Ley Canaria de la Ciencia ha contado con un amplio proceso participativo en el que han intervenido universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y agentes del sector. Esta colaboración ha permitido diseñar un marco normativo que responde a las necesidades reales del ecosistema de innovación de Canarias y que garantiza un desarrollo equilibrado y sostenible del sistema de I+D+i.
La futura ley también conducirá al desarrollo del Plan Canario de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), un instrumento clave para coordinar las políticas científicas y tecnológicas con las de otras administraciones y fortalecer las capacidades del personal investigador. Este Plan permitirá articular programas específicos para el fomento de la investigación, la digitalización de empresas y la creación de nuevas oportunidades en sectores estratégicos, consolidando un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y la innovación como motores del desarrollo de Canarias.
El Gobierno refuerza la estabilidad del profesorado universitario con la creación de 49 nuevas plazas en la ULL
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura impulsa la consolidación y ampliación de la plantilla docente e investigadora en las universidades públicas canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, 24 de febrero, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Universidad de La Laguna (ULL) para la creación de 49 nuevas plazas de profesorado, fortaleciendo la estabilidad y el crecimiento del sistema universitario canario.
Esta medida responde al compromiso del Ejecutivo con la mejora de las condiciones laborales del personal docente y con el refuerzo de la enseñanza superior en Canarias. La iniciativa permitirá consolidar el talento investigador y docente, al tiempo que ampliará la capacidad de respuesta de las universidades ante la creciente demanda educativa y los retos del conocimiento.
Las plazas creadas en la ULL, derivadas de las Ofertas de Empleo Público de 2022 y 2023, se distribuyen en distintas áreas de conocimiento, incluyendo disciplinas como Psicología Social, Biología Celular, Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Comunicación Audiovisual y Medicina Preventiva, entre otras.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, destacó que esta modificación supone un avance clave en la hoja de ruta de la Consejería para fortalecer el sistema universitario. “Nuestro objetivo es que las universidades canarias cuenten con una estructura sólida y adaptada a las necesidades de la formación académica y la investigación. Con la creación de estas nuevas plazas, avanzamos en la estabilización del profesorado y en la captación de talento para nuestras universidades”.
Asimismo, subrayó que la educación superior es un pilar estratégico para el desarrollo del archipiélago. “Ampliar la plantilla docente no solo mejora las condiciones de quienes forman parte de nuestras universidades, sino que también repercute en la calidad de la enseñanza y en el impulso de la investigación. Tener equipos estables y bien preparados marca la diferencia en el futuro de nuestro estudiantado”.
Una apuesta continuada por el refuerzo del profesorado universitario
Esta medida se suma a otras iniciativas recientes impulsadas por el Gobierno de Canarias para fortalecer las universidades públicas del Archipiélago. La semana pasada, el Consejo de Gobierno aprobó la creación de 113 plazas de Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador María Goyri, con una inversión de 14,8 millones de euros hasta 2028.
Además, se han creado 47 plazas de Profesor Asociado Asistencial en la ULL, destinadas a fortalecer los servicios asistenciales vinculados a la formación académica.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Canarias con la consolidación de un entorno universitario estable y competitivo, garantizando que las universidades cuenten con los recursos humanos necesarios para responder a los desafíos educativos, científicos y tecnológicos de la sociedad canaria.
El 'Frente Ecléctico de Las Canteras' declarado Bien de Interés Cultural
El Consejo de Gobierno también aprueba el decreto de declaración de los Ranchos de Animas de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha aprobado el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el Frente Ecléctico de Las Canteras, con la categoría de Conjunto Histórico; y a los Ranchos de Ánimas de Gran Canaria, como bien inmaterial de la isla.
El Paseo de las Canteras está indudablemente caracterizado por la cantidad y variedad de inmuebles que lo jalonan, en el que puede ser el frente urbano de mayor presión económico-inmobiliaria del archipiélago. Pero de entre la enorme cantidad de edificios modernos y contemporáneos, destacan los pocos edificios originales de la primera época de urbanización de la playa; muy anteriores al boom económico, demográfico y turístico. Constituyen un elemento diferencial e identitario, tanto de los vecinos como de los visitantes de la Playa, y de toda la ciudad, la isla y el conjunto del patrimonio cultural de Canarias.
Es un testimonio único y excepcional de los avatares de la historia de la ciudad, de la isla y de Canarias, del comercio y el transporte, de la industria, del urbanismo, de los cambios sociales y de costumbres, y del turismo; que acontecieron en un periodo histórico clave, entre 1881 y 1936. Y de los valores intangibles y las intrahistorias que se rememoran a través de la presencia y la conservación de la arquitectura, cuyo lenguaje aún mantiene muchos matices para el conocimiento de aquella época histórica para las presentes y futuras generaciones.
Esta agrupación incluye algunos de los edificios y tipologías edificatorias más antiguas y singulares de la playa y zona. El primer edificio de uso público socio-sanitario y popular, el edificio histórico de mayor fachada, la iglesia, la escuela y la casa de los Padres Franciscanos, el primer hotel, un edificio residencial colectivo, el uso singular del estilo cottage como moda de casa de recreo de costa, y una vivienda entre medianeras de pequeña escala: la Casa del Dr. Bartolomé Apolinario Macías.
La playa se convirtió un lugar de salud y sanación, de paseo, recreo y veraneo; y estos edificios representan el reflejo de aquella época, de los cambios económicos, sociales y de mentalidad; y de la influencia extranjera, principalmente inglesa.
Además de su valor individual, multiplican su valor histórico, artístico y de antigüedad al formar parte del mayor frente continuo, esencialmente inalterado desde su origen. Cada uno de estos inmuebles representa diferentes momentos y estilos de su época, conformando un frente ecléctico único y excepcional en la ciudad, que ocupa aproximadamente 120 metros del Paseo de Las Canteras, siendo el único tramo con continuidad y representatividad que queda de la arquitectura de las primeras construcciones de la playa.
Ninguna otra porción de frente de playa dispone de una agrupación homogénea con tanta antigüedad, riqueza, variedad estilística y calidad, formando parte del paisaje natural y urbano de la playa. Y a pesar de todos los cambios que ha sufrido el frente de playa, este conjunto de edificios ha mantenido su configuración, escala, volúmenes y relaciones internas, sin perjuicio de los pequeños cambios de sus diferentes usos, inserto en el lugar de recreo natural y urbano de mayor uso de ciudadanos y visitantes, de representatividad y proyección de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo uno de sus elementos identitarios.
Ranchos de Ánimas de Gran Canaria
Se trata del único ritual de religiosidad popular de carácter animista que existe en Canarias con plena funcionalidad y que se ha conservado sólo en Gran Canaria: Arbejales-Teror, La Aldea y Valsequillo. Concentran la etimología de la expresión cultural y se ha forjado como referencia popular de las comunidades portadoras que la han mantenido viva a lo largo de los siglos.
Su motivación de cantar a las ánimas, además de otras figuras como santos o patronos, familiares vivos, novios, cosechas, animales, por la necesidad de mantener vínculos entre los muertos y los vivos, a través de la memoria emocional, la gestión del recuerdo a partir de la muerte y sus expresiones simbólicas y cargas religiosas.
De excepcional riqueza musical con fusión ecléctica de elementos medievales, orientales y posiblemente, aborígenes, forman parte de la sonoridad de las salidas y visitas de los Ranchos. Una manifestación etnográfica que data del siglo XVII, cuando casi todas las parroquias contaban con cofradías que, a su vez, tenían vínculos con los ranchos de cantadores que recaudaban fondos para las misas o para las cofradías de las ánimas.
El Gobierno autoriza una inversión de más de 11 millones de euros para la adquisición de vacunas por el SCS
Se adquirirán 216.770 dosis de vacunas de calendario, por 6,9 millones de euros, y otras 35.000 dosis frente al Herpes Zóster, por 4,2 millones de euros, para 2025
Las vacunas contempladas en el calendario afectan tanto a la edad pediátrica como adulta y se inoculan frente a la Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, varicela y rubeola, entre otras
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto total de 11.152.726,80 euros para la adquisición por el Servicio Canario de la Salud (SCS) de un suministro de 216.770 dosis vacunas de calendario, por importe de 6.943.976,80 euros, y otro de 35.000 dosis de vacuna HZ/su (Shingrix) frente a Herpes Zóster, por 4.208.750 euros, para 2025.
El suministro de vacunas de calendario está incluido en el Acuerdo Marco vigente para determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado, Ciudades de Ceuta y Melilla y varias comunidades autónomas, entre las que se incluye Canarias.
Con la autorización del gasto por el Consejo de Gobierno, la Dirección General de Salud Pública del SCS podrá iniciar la contratación de un total de 216.700 dosis de vacunas de calendario, de cada uno de los lotes adheridos al citado acuerdo, por un gasto total para esta anualidad de 6.943.976,80 euros.
Las dosis a adquirir se distribuyen de la forma siguiente:
-30.000 dosis de vacuna Hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae tipo B conjugada.
-3.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomielitis inactivada.
-39.800 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular de contenido antigénico reducido.
-26.900 dosis de vacuna frente a difteria y tétanos de contenido antigénico reducido.
-14.170 dosis de vacuna frente a hepatitis B para edad adulta.
-26.000 dosis de vacuna frente a varicela.
-7.500 dosis frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela.
-41.800 dosis de vacuna conjugada frente a meningococo de serogrupos A, C, Y, W.
-26.200 dosis de vacuna frente al meningococo serogrupo B.
-8.900 dosis de vacuna frente a rotavirus.
Vacuna contra el Herpes Zóster
Respecto a la contratación del suministro de 35.000 dosis de vacuna HZ/su (Shingrix) frente a Herpes Zóster para 2025, se realizará mediante procedimiento negociado sin publicidad, puesto que la vacuna Shingrix HZ/su solo puede ser encomendada a un laboratorio al no existir competencia por razones de derechos exclusivos de propiedad industrial.
Desde julio de 2021, se recomendó incorporar esta vacuna al calendario vacunal por parte de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la población mayor de 65 años o personas con unas determinadas patologías de base.
Se decidió implementar la vacunación sistemática a la cohorte de los 65 años y, siempre en función de la disponibilidad, se captará y vacunará al menos a una cohorte por año, comenzando por la de 80 años, descendiendo hasta contactar con la cohorte que se vacunó a los 65.
El Herpes Zóster es una enfermedad producida por la reactivación del virus latente de la varicela que afecta a los nervios periféricos y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de una zona localizada (dermatoma). Una vez que la erupción ha sanado puede quedar un dolor muy acusado, ocasionalmente invalidante en la región de la piel previamente afectada que puede persistir durante varios meses o años, lo que se conoce como neuralgia posherpética. Aparece con mayor frecuencia a partir de los 50 años y en personas que por enfermedad o tratamientos tengan mayor susceptibilidad (inmunodeprimidos).
La vacunación constituye la mejor forma de prevenir esta complicación en la población diana antes especificada.
Mediante esta inversión, el Gobierno de Canarias apuesta por proporcionar a su población uno de los calendarios vacunales más completos del país, contribuyendo a la protección de la salud individual y también de la salud pública con el empleo de vacunas, quizás el instrumento de prevención más efectivo y seguro de los que se conocen.
Inversión en vacunas fuera del Acuerdo Marco
Las cantidades nombradas con anterioridad hacen referencia a una parte de las vacunas que se adquirirán para garantizar la oferta de calendario vacunal para todas las edades de la vida, que son aquellas sujetas al Acuerdo Marco a nivel nacional (exceptuando Herpes Zóster).
Además de las vacunas que se integran en este Acuerdo Marco, el Gobierno de Canarias adquirirá fuera de este, otros productos de inmunización para la prevención de enfermedades producidas por el virus del papiloma humano (VPH), el neumococo, el virus respiratorio sincitial, la poliomielitis y la gripe, por un montante total de 8.461.180 euros.
El Gobierno aprueba un nuevo decreto sobre el funcionamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias Sanitarias
Tiene como objetivo actualizar y agilizar la gestión administrativa de las sugerencias, solicitudes de información y reclamaciones presentadas en el sistema sanitario, después de más de dos décadas desde la última modificación normativa
El Consejo de Gobierno aprobó este lunes, 24 de febrero, a propuesta de las Consejerías de Sanidad y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el proyecto de Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias Sanitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias, y el procedimiento de tramitación de las sugerencias, reclamaciones y solicitudes de información del Sistema Canario de la Salud.
La aprobación de este decreto responde a la necesidad de actualizar la norma que regula la ODDUS y que no se había modificado desde su hacía más de 20 años. Esta modificación permitirá modernizar y agilizar la gestión de los expedientes e información derivada de las solicitudes, reclamaciones y sugerencias presentadas por los usuarios, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias que permitan mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.
La experiencia adquirida desde la aprobación del Decreto 94/1999, de 25 de mayo, sobre estructura y funcionamiento de la Oficina Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS), posteriormente modificado por el Decreto 147/2001, de 9 de julio; los cambios normativos producidos de los últimos años, la simplificación y agilización administrativa incorporada en la tramitación de los procedimientos, así como la reciente reorganización de la Consejería de Sanidad, hacen necesaria la aprobación de esta nueva norma.
El nuevo reglamento va a permitir un mejor procesamiento de la información contenida en los escritos que los usuarios sanitarios trasladan a la administración con el objeto de poder valorar las áreas en las que pueden adoptarse medidas de mejora.
El Gobierno canario avanza hacia un reglamento único para ordenar los usos y actividades agrarias en suelo rústico
Esta iniciativa reglamentaria tiene como objetivo implementar una norma autonómica común de ordenación del suelo rústico que unifique los criterios en todas las islas e impulse la actividad en los sectores agrícola y ganadero
El Gobierno de Canarias avanza en la tramitación del nuevo reglamento de usos agrarios y complementarios que permitirá dotar al archipiélago de una regulación común que impulse la actividad del sector primario a través de la implantación de criterios unificados que regulen la ordenación del territorio en el ámbito de la agricultura y la ganadería.
El Consejo de Gobierno ha manifestado hoy su conformidad a dicho texto y a la tramitación seguida del proyecto de decreto para el desarrollo reglamentario de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias mediante la fijación de las condiciones urbanísticas que regularán las infraestructuras destinadas a actividades del sector primario que se pretendan implantar en suelo rústico.
Una vez superado el trámite de audiencia e información pública, el visto bueno del Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria; Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas; y Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, permite continuar con la tramitación del documento, que incluye la solicitud de los correspondientes informes preceptivos antes de ser sometido al dictamen del Consejo Consultivo para su posterior aprobación definitiva.
El reglamento que regula los usos agrarios y complementarios, junto con las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) son las herramientas fundamentales que permitirán armonizar la legislación actual y solucionar la falta de criterios agronómicos en la mayoría de planeamientos de rango insular o municipal, lo que actualmente se traduce en dificultades para el desarrollo de la actividad agraria, tal y como vienen denunciando los profesionales del sector primario de las islas.
El Gobierno remite al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley que dará seguridad jurídica a los vecinos de Cofete
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas espera iniciar en los próximos meses su trámite parlamentario como ley de lectura única
El objetivo es proteger los límites del histórico asentamiento rural majorero hasta la aprobación del Plan Rector del Parque Natural de Jandía
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó esta mañana remitir al Consejo Consultivo el anteproyecto de ley para la delimitación gráfica del asentamiento rural de Cofete, con el objetivo de salvaguardar la conservación de este histórico núcleo poblacional majorero. De esta forma se establece la seguridad jurídica demandada por el vecindario, hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Según informó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, está previsto que este texto legislativo extraordinario se tramite a la mayor brevedad posible en el Parlamento de Canarias como ley de lectura única, lo que permitirá agilizar su entrada en vigor.
El Gobierno cumple así con el compromiso adquirido con las familias de este caserío que, con más de doscientos años de historia, quedó fuera de ordenación tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013.
El documento, cuyos criterios de elaboración se aprobaron el pasado 22 de abril en Consejo de Gobierno, delimita Cofete atendiendo a la situación en el año 1994, cuando el entorno se declaró Espacio Natural Protegido y se garantizó la compatibilidad de las edificaciones preexistentes. Así, la cartografía y ortofotos de aquel año, que obran en poder de la Consejería, han servido como base para la elaboración de dicha delimitación. La Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoció como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural. Lo hizo también para la localidad del Puerto de la Cruz, en la misma zona, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.
Esta normativa, consensuada con el Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios, será incluida en el futuro plan rector que recogerá su delimitación y el equilibrio entre los intereses vecinales y la protección del medio en el que se encuentra.
Se prevé que sea informada por el Consejo Consultivo en un plazo que no debería superar los treinta días, momento en el que se remitirá al Parlamento para continuar su tramitación como ley de lectura única. Esta fórmula, que se aplica a aquellos textos cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permita, acorta los plazos de su tramitación. Esto se consigue mediante la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y la omisión de los debates en ponencia y en comisión. Así, la iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el Pleno de la Cámara.
