En los años 90 comenzó una intervención administrativa en el sector de la elaboración, crianza y venta de vinos, por la que el Cabildo Insular de Tenerife empezó a operar en un sector económico privado, el del vino, creando una empresa mixta, participada por el Cabildo y el Ayuntamiento de Tacoronte, denominada “Bodegas Insulares de Tenerife, S.A.” (BITSA). En esta empresa pública el Cabildo de Tenerife no solo tenía mayoría, sino que ejercía sobre esta y sus empleados el control y su dirección. Por ello, tras dos décadas de intervención administrativa injustificada del Cabildo Insular en un sector económico pujante, rentable, competitivo y exportador, como es el de los vinos canarios, nuestra Asociación comenzó a reivindicar ante los responsables públicos insulares esta injerencia en el mercado vitivinícola, por aportarse desde el Cabildo, año tras año, diferentes subvenciones, ampliaciones de capital encubiertas, ayudas promocionales, cesión de empleados públicos para realizar trabajos en bodega y otras ayudas públicas, que solo llegaban a esta bodega pública, BITSA, pero nunca al resto de más de 280 bodegas que operan en Canarias.
Tras unos primeros años de reivindicaciones y reclamaciones ante los responsables del Cabildo Insular, que resultaron estériles, en las que se les solicitaba la salida de esta Administración Pública de un sector económico como el Bodeguero (único caso en Europa en que una Administración Pública es bodeguera, compitiendo con el resto de bodegueros privados en absoluta desigualdad), ante la negativa de la Corporación Insular de dejar de inyectar ayudas a BITSA y de salir de esta empresa, nuestra Asociación se vio obligada en el año 2014 a recurrir a las instancias comunitarias, a la Comisión Europea, como principal valedora del cumplimiento, por los Estados Miembros, de las normas que regulan la libre competencia en el “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
En una primera resolución de la Comisión Europea (“Decisión de 1 de febrero de 2018”, a la que la - entonces- Corporación Insular ocultó deliberadamente información sobre las ayudas que otorgaba), la Comisión Europea declaró que las ayudas que el Cabildo había concedido en los años anteriores (varias subvenciones millonarias, ampliaciones de capital -solo por parte del Cabildo y no de los socios privados-, financiación para la adquisición de la quebrada Bodegas BILMA, de guía de Isora, o la Casa del Vino, en La Laguna) eran “Ayudas de Estado Ilegales”, por no haberse comunicado a la Comisión Europea, si bien (con base en los documentos e informes sesgados que recibió la Comisión Europea) las declaró “compatibles con el mercado interior”.
Ante este primer éxito “a medias” de AVIBO, que logró que las ayudas del Cabildo Insular a BITSA comenzaran a estar bajo la vigilancia de la unión Europea, la Asociación continúo acreditando ante la Comisión Europea la situación de absoluta competencia desleal que mantenía BITSA, con las ayudas que seguía recibiendo del Cabildo Insular, que, entre otras, le había cedido en arrendamiento (pero sin cobrar arrendamiento alguno) los más de 9.000 m2 de suelo y 3.000 m2 de construcciones (instalaciones, bodegas, destilería y oficinas) de titularidad patrimonial del Cabildo de Tenerife en Tacoronte, sin que (como exige la legislación española y la normativa europea) BITSA abonara al Cabildo ni un solo euro por la utilización, posesión y explotación de bodegas propiedad del Cabildo Insular, en absoluta competencia desleal con las más de 280 bodegas que operan en Canarias.
Por ello, se solicitó entre los años 2018 y 2024 a la Comisión Europea el análisis de estas nuevas ayudas de estado, por parte del cabildo, a BITSA. Y en su última comunicación ante la Comisión Europea, AVIBO solicitó, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incoar “procedimiento de incumplimiento por infracción de la normativa europea en materia de Competencia y Ayudas de Estado”, para que resolviera:
- El carácter ilegal e incompatible con el Tratado Europeo, de las ayudas denunciadas entre 2014 y 2018 (subvenciones, ampliaciones unilaterales de capital, etc.) y, en especial, la exención de canon por arrendamiento denunciada desde 2018, del que se beneficiaba únicamente BITSA y que no se había analizado por la Comisión en su Decisión de 1 de febrero de 2018.
- Y que hiciera cesar la situación de competencia desleal que creaba BITSA, distorsionando el mercado vitivinícola de Tenerife, consecuencia de la influencia dominante que ejercía por medio del Cabildo de Tenerife y de su acceso a diferentes y millonarias ayudas públicas ilegales e incompatibles, detalladas en aquel escrito. Y ordenara la devolución de las ayudas de estado ilegales recibidas, o aquellas (como el canon o arrendamiento) que no pagaba desde su constitución en los años 90.
Tras varios años de ampliaciones de pruebas y documentos, la Comisión Europea reunió (ante la Representación Permanente de España ante la Unión Europea) a los responsables del Cabildo de Tenerife en marzo de 2023 (PSOE), exigiéndoles hacer cesar esta situación de competencia desleal de BITSA, y exigiéndoles que desde el Cabildo Insular se les cobrara por la utilización y explotación de las bodegas propiedad del Cabildo.
Ante la falta de resolución por parte de aquellos dirigentes del Cabildo Insular en 2023, fue finalmente en julio de 2024 cuando, en reunión presencial en la sede de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (con presencia de la representación Permanente de España ante la UE, del Vicepresidente y Consejero de Agricultura del Cabildo Insular, de AVIBO y de la propia Comisión Europea), su Directora General comunicó formalmente al Cabildo de Tenerife que en caso de no cesar en esta conducta anti competencial, estaba obligada a abrir expediente de incumplimiento al Reino de España, por el otorgamiento continuado de Ayudas de Estado por parte del Cabildo Insular a BITSA. Tras la intervención de todas las partes, AVIBO confirmó que, si el Cabildo Insular comenzaba a cobrar canon de arrendamiento a BITSA y, en un plazo prudencial, esta Administración Pública insular salía del sector económico vitivinícola, estaba dispuesta a no continuar con el expediente de incumplimiento, para evitar que se mermaran las arcas insulares.
Y por ello AVIBO valora que, desde la actual Corporación Insular, sus responsables hayan cumplido la palabra dada ante la Comisión Europea, decretando primero la finalización del contrato del Cabildo Insular de Tenerife con BITSA, por el que venían utilizando desde 1994 las bodegas e instalaciones insulares sin pagar canon de arrendamiento alguno. Y por ello AVIBO valora igualmente que la actual Corporación esté en trámites de cumplir, en esta misma semana, su compromiso de salir del sector económico vitivinícola, reconociendo que el mismo no es solo maduro sino rentable económicamente, competitivo, exportador y de excelencia, como demuestra que los vinos de las más de 280 Bodegas de Canarias tengan algunos de sus vinos en los mejores puntos de todo el planeta.
Por ello, desde AVIBO se quiere reconocer el trabajo efectuado por la actual Corporación insular, en las figuras de su Vicepresidente Lope Afonso, y los Consejeros de Industria y del Sector Primario Manuel Fernández y Valentín González, que han sido sensibles a las reivindicaciones del sector vitivinícola, que venían sufriendo cómo marcas como Viña Norte y otras de BITSA, competían con ellos a precios mucho más bajos, por las múltiples ayudas y ventajas que le confería el Cabildo, en detrimento de la libertad de mercado, del consumidor, y del uso eficiente de recursos públicos, que deben dirigirse a aquellas materias en que realmente debe estar presente la Administración. Han cumplido la hoja de ruta consensuada en Bruselas, han impedido que la Comisión Europea abriera expediente de incumplimiento (que hubiera supuesto la devolución de ayudas de estado ilegales por cantidades millonarias, con detrimento para las arcas públicas y sanciones al Cabildo) y, fundamentalmente, han devuelto al mercado vitivinícola a una situación de normalidad y libre competencia, sin intervenciones administrativas injustificadas y que falseaban las reglas del libre mercado.
