El Ayuntamiento de Mogán vuelve a ganar en los tribunales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su Sentencia nº 4/2026, ya firme, ha anulado las órdenes del Gobierno de Canarias que exigían el reintegro de casi 900.000 euros del primer FDCAN, correspondientes a las anualidades 2017 y 2018. Este procedimiento lo inició la Consejería de Hacienda, entonces liderada por Nueva Canarias, partido que también gobernando en el Cabildo de Gran Canaria excluyó a Mogán de participar en la convocatoria del segundo FDCAN, actuación que igualmente tumbó la Justicia el pasado julio.
El TSJC deja claro que los fondos del FDCAN concedidos a Mogán en primera convocatoria –5 millones de euros destinados a la construcción del edificio de aparcamientos subterráneos de Arguineguín– fueron una aportación a tanto alzado, conforme al Decreto 85/2016, y que cualquier incremento del coste del proyecto fue asumido íntegramente con fondos municipales, sin que ello habilitara a la Administración a exigir reintegros inexistentes en derecho alegando que el Consistorio no había justificado la inversión total. total. El Ayuntamiento de Mogán justificó ante el Gobierno de Canarias la cantidad convenida entre las partes acorde con la financiación otorgada, toda vez que el exceso de los costes del proyecto fueron financiados por el Consistorio con fondos propios.
La sentencia subraya además que el convenio del FDCAN suscrito por Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento era vinculante para ambas partes y que el Ejecutivo Regional no podía hacer una reinterpretación posterior de las reglas del juego para penalizar a Mogán, más aún cuando no modificó o actualizó las condiciones del texto. El fallo es, por tanto, tajante: no existió exceso de financiación al Ayuntamiento de Mogán en la primera convocatoria del FDCAN, no hubo defecto de justificación y la Administración moganera cumplió estrictamente el convenio.
Este varapalo judicial se suma a otra sentencia anterior ganada por el Ayuntamiento de Mogán hace medio año. El TSJC desestimó entonces el recurso de apelación interpuesto por el Cabildo de Gran Canaria ante una sentencia que había declarado la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno del Ejecutivo Insular por el que se aprobó la convocatoria 2023-2027 del FDCAN, reafirmando así que el Cabildo excluyó de manera unilateral al municipio del reparto de estos fondos, procedió de manera antijurídica y quebrantó el principio de igualdad.
“La Justicia vuelve a confirmar que las decisiones que toma Nueva Canarias para perjudicar el municipio no se sostienen”, ha afirmado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que manifiesta es un despropósito emplear los fondos públicos como instrumento de castigo por desavenencias políticas o personales. “A la vista está que los intentos de Nueva Canarias por marginar al municipio de percibir los fondos del FDCAN no responden a criterios técnicos ni legales, sino a una estrategia política”, ha recalcado.
