- La recaudación del Impuesto sobre las labores del Tabaco fue de 129,67 millones en 2018; mientras, se calcula que el coste en servicios sanitarios derivados del consumo de tabaco en Canarias puede representar unos 180 millones anuales
Esta medida contribuirá a la lucha contra la comercialización ilegal de tabaco, una forma de fraude fiscal que aumenta el riesgo sobre la salud de los fumadores, especialmente de los más jóvenes
La consejera de Hacienda en funciones describe las características que debe cumplir esta nueva precinta
Todos los productos del tabaco, incluida la picadura para liar, que se comercializan en las tiendas libres de impuestos deberán incluir estas precintas
El Consejo de Gobierno en funciones aprobó hoy un proyecto de decreto que implica que todos los cigarrillos y la picadura de liar que se comercialicen en Canarias deberán contar con una nueva precinta de la Agencia Tributaria Canaria que ayudará a los consumidores a diferenciar que se trata de tabaco de venta legal.
Esta nueva norma modifica un decreto anterior que regula el precio público por el suministro de las precintas de circulación de las labores del tabaco, de forma que se actualiza la tasa del documento timbrado y poder incluir toda la información que reclama la Unión Europea para garantizar la trazabilidad del tabaco y conocer el recorrido del producto desde su fabricación hasta el consumidor final.
La consejera de Hacienda en funciones, Rosa Dávila, recordó, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, que el comercio ilícito de productos del tabaco tiene un grave impacto negativo desde el punto de vista sanitario, especialmente sobre la salud de los menores, que pueden correr el riesgo de elegir un producto más barato, que no cumple con las garantías de elaboración y que tampoco paga impuestos. “De ahí que sea tan importante llevar a cabo un control adecuado de la normativa reguladora y garantizar que se aplican los impuestos correspondientes como una estrategia para luchar contra la delincuencia organizada”.
Según la última Encuesta de Salud de Canarias, hay 466.000 personas mayores de 16 años que fuman habitualmente, lo que constituye el 26,2% del total de la población. La proporción de varones (28,7%) y de mujeres que fuman (23,7%) ya es muy próxima.
Además, se estima que fallecen cada año unos 2.300 canarios como consecuencia del consumo de tabaco y que el coste en servicios sanitarios derivado del consumo de tabaco puede representar unos 180 millones de euros, una cifra muy superior a la recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y Otras Medidas Tributarias, que en 2018, fue de 129,67 millones de euros.
La consejera detalló que esta recaudación supone unos nueve millones de euros más que en 2014, cuando fue de 120,43 millones, aunque se produce un descenso respecto a las cifras de 2016 (139,76 millones) y de 2017 (140,96 millones).
Nuevas precintas
Rosa Dávila enumeró las características de las precintas que ayudarán a los consumidores a diferenciar el tabaco que se comercializa legalmente:
- Las precintas son documentos timbrados y numerados, que deberán adherirse en el empaque que constituya la unidad de envasado mínimo, ya sean cajetillas, envases o recipientes que contengan picadura para liar.
-Deben estar siempre visibles para que permitan la identificación y la verificación de su autenticidad.
-No pueden ser desprendidas antes de que el consumidor haga uso de la labor y debe estar por debajo de la envoltura transparente que rodea al envase.
-Cada precinta deberá tener una numeración que permitirá su identificación.
En cuanto a la gestión de las precintas, los fabricantes, los titulares de depósitos del impuesto y los importadores deberán pedir las precintas a la oficina gestora de la Agencia Tributaria Canaria en la que se halle registrado ese establecimiento, conforme a un modelo que a está disponible en la sede electrónica de la ATC.
La ATC autorizará la entrega de las precintas de circulación solicitadas, lo que se realizará bajo recibo, anotando su cantidad y numeración. La entrega de las precintas devengará el correspondiente precio público, de acuerdo con el artículo 17.5 de la Ley 1/2011, de 21 de enero.
El titular del establecimiento solicitante deberá indicar inmediatamente a la oficina gestora cualquier incidencia o error en la cantidad, numeración o tipo de marcas fiscales efectivamente recibidas. En ese supuesto, la oficina gestora habrá de realizar con celeridad las oportunas actuaciones de verificación, sin que el establecimiento receptor pueda disponer de las precintas afectadas hasta tanto la oficina gestora otorgue la autorización correspondiente.
Al menos una vez al año la Agencia Tributaria Canaria efectuará recuentos de precintas de circulación en los establecimientos a cuyos titulares les han sido entregadas.
No precisarán precintas de circulación los cigarrillos o picadura para liar importados por particulares que no vayan destinadas a fines comerciales, siempre que no excedan respectivamente de 800 cigarrillos o 1 kilogramo de picadura para liar.
Tiendas libres de impuestos
El Consejo de Gobierno en funciones también ha modificado hoy, a petición de la Consejería de Hacienda, el decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Gracias a esta modificación, todos los productos del tabaco, incluida la picadura para liar, que se comercializan en estos establecimientos deberán incluir las nuevas precintas para poder ofrecer todas las garantías de trazabilidad que exige la Unión Europea a través de la normativa comunitaria.
Hasta ahora, no era obligatorio que las tiendas libres de impuestos colocaran las precintas de circulación, siempre que se vendieran a viajeros o a personas que no tuvieran la consideración de viajeros pero que no compraran más de 800 cigarrillos ni su finalidad fuera la comercialización posterior. A partir de ahora, además de eliminar esta limitación, se incluye en la obligación del nuevo etiquetado a la picadura, extendiendo la medida a todos los productos del tabaco.
Ambos decretos entrarán en vigor una vez publicados en el Boletín Oficial de Canarias, pero con efectos desde el 20 de mayo de 2019.