La diputada de Coalición Canaria critica que “solo primen los criterios económicos” para cerrar bancos en pueblos y barrios del archipiélago
“En las islas ya hemos perdido 200 oficinas desde la pandemia y se sigue marginando a la población en el ámbito rural”, indica Cristina Valido
Madrid, 6 de febrero de 2024
La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha cuestionado hoy, martes, que “se impongan criterios exclusivamente económicos” para que se continúe reduciendo el número de oficinas bancarias en los municipios y los pueblos de Canarias. Después de subrayar que el archipiélago ya ha perdido doscientos establecimientos bancarios con atención personal a los usuarios, la diputada nacionalista criticó que “se sigan imponiendo recortes basados solo en criterios de rentabilidad económica” para las entidades bancarias cuando, desde la pandemia, Canarias ha perdido un 25,9% de las oficinas de bancos que existían antes de 2020. “Y como si esto no fuera poco”, afirmó la diputada de CC, “en Canarias se continúa marginando a la población que vive en municipios, localidades y barrios situados en el ámbito rural de las islas”.
Durante su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados, donde se debatió una proposición no de ley presentado por el Parlamento de Cataluña sobre garantía del servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a servicios bancarios, Cristina Valido explicó que Canarias es una de las comunidades autónomas que mayor nivel de cierre de oficinas bancarias ha sufrido desde el año 2020. “En tres años, Canarias ha perdido un 25,9% de la red de oficinas bancarias porque los bancos han efectuado reestructuraciones para, según nos dicen, ganar eficiencia y priorizar la digitalización de parte de sus servicios”, indicó la diputada nacionalista. “Pero la realidad es que, en base únicamente a esos criterios empresariales, nuestra población está cada vez peor dotada de lo que es un derecho fundamental como poder acceder a la atención bancaria”, señaló Valido para recordar que en 2019 había 849 oficinas bancarias en las islas y, tres años después, a finales de 2022, “solo nos quedaban 626”.
En este sentido, Cristina Valido señaló el caso de dos municipios de Canarias como “casos significativos de lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo” en relación al acceso efectivo de la población a los servicios financieros. “Esto está ocurriendo en Canarias y está ocurriendo en todas las islas”, afirmó la parlamentaria de Coalición Canaria, “como se puede comprobar en los casos de los municipios de Betancuria, en la isla de Fuerteventura, y en Garafía, en la isla de La Palma, donde sus vecinos y vecinas ya no pueden ejercer el derecho que tienen a contar con una atención personal en oficinas bancarias porque, sencillamente, los bancos cerraron y ya no piensan volver jamás”.
En Garafía, incidió Valido, “cerró el único banco que tenía este municipio de 1.626 habitantes y cerró por un supuesto arreglo en el techo, pero ese techo nunca se reparó y el banco nunca volvió a abrir. Y ahora sus vecinos y vecinas están obligados a cruzar dos municipios para ir al pueblo de Tijarafe, es decir, 24 kilómetros de ida y otros 24 kilómetros de vuelta”. También citó la diputada de CC el caso del municipio majorero de Betancuria, donde sus 731 habitantes deben ir en coche hasta Antigua en un trayecto de media hora de ida y otra media hora de vuelta para hacer esos diez kilómetros. “O en el pueblo de La Restinga, en la isla de El Hierro, que tampoco tiene banco y cuyos residentes tienen que subir trece kilómetros de curvas para utilizar la oficina más cercana situada en el municipio del El Pinar”, afirmó Cristina Valido para reclamar que “se pare de imponer criterios de rentabilidad en las empresas bancarias por encima del derecho social a contar con banco.
